Cajas y politica: los poderosos |
Publicado en la Revista de la Fundación 1º de Mayo nº 41 de Junio 2012
La crisis económica ha provocado la práctica desaparición de unas instituciones financieras centenarias: las cajas de ahorros. Durante mucho tiempo, habían alcanzado un amplio prestigio como entidades financieras. Por su origen social eran una alternativa a la banca privada y unas entidades enraizadas y vinculadas a la sociedad a la que revertían sus beneficios en forma de obra social. Ahora, después de la repercusión de la crisis en el sistema financiero, parece como si las cajas hubieran sido un nido de corrupción, nepotismo y mala gestión. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad de las cajas de ahorros?
No existe una única realidad de las cajas de ahorros. Han existido cajas bien gestionadas (La Caixa, Ibercaja, Unicaja, las Kutxas vascas, Caja Murcia, Caja Asturias, etc.) y sin problemas frente a otras donde ha habido una gestión cuanto menos negligente. Las cajas, en su conjunto, han sufrido problemas derivados de la situación económica y de la crisis financiero - inmobiliaria, de una supervisión deficiente, de la propia gestión de las entidades, muy diversa entre sí, y, finalmente, de decisiones políticas erróneas en su reestructuración final.
Los problemas
El inicio de los problemas en las cajas tiene lugar en la llamada década de oro de la economía española, es decir, la época del crecimiento económico basado en la construcción, que concluyó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El cual atrapó a todo el sistema financiero, pero con mayor repercusión a las cajas en cuanto banca de las familias, en algunos casos agravado por la influencia exógena de la vinculación o in- fluencia del poder político. Podemos afirmar que, igual que la crisis de la reconversión industrial se llevó por delante la práctica totalidad de la banca industrial, la actual crisis derivada del "crash" inmobiliario ha comportado la caída del modelo de cajas.
Un componente del modelo derivado del crecimiento económico basado en el sector inmobiliario fue el crecimiento exponencial del crédito a todo nivel, potenciado y exaltado por las políticas económicas gubernamentales. Esta exaltación del crédito comportó que la sociedad viviera en un espejismo de falsa riqueza derivada de la sobreutilización crediticia. Afectó a todos los ámbitos de la sociedad, desde las empresas hasta los particulares, y, repetimos, fue auspiciado por políticas económicas y fiscales procíclicas. Ejemplos son las sucesivas rebajas fiscales, o el mantenimiento de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda.
Esta demanda de crédito comportó un sobreendeudamiento externo excesivo de las entidades de crédito, tanto bancos como cajas, así como la relajación de las garantías en la concesión de los préstamos por parte de las entidades financieras. La locura crediticia llevó a excesos que ningún regulador ni autoridad trató de moderar. Así, vimos que no sólo los particulares y las familias se endeudaban sino que grandes operaciones empresariales, especialmente inmobiliarias, se efectuaron prácticamente a crédito, sin inversión directa de capital propio.
Tanto bancos como cajas se sobreendeudaron por encima de sus posibilidades sin que, en ningún caso, ni el supervisor ni el Gobierno dieran la más leve voz de alarma. Pero, ¿por qué la crisis repercute de una forma más directa en las cajas que en los bancos?
Cabe decir que el negocio de los grandes bancos tiene una diversificación internacional que les permite amortiguar el coste de su negocio a nivel estatal. Los problemas derivados de fallidas de grandes promotores afecta, en general, por igual a bancos y a cajas. Donde hay una gran diferencia es en lo relativo a la crisis de promotores medianos y pequeños con mucha mayor repercusión en las cajas, entidades más pegadas al territorio. La diferencia se agranda en la repercusión de la crisis, por el gran incremento del paro y la imposibilidad del pago de préstamos en los particulares, que, fundamentalmente, son clientes de cajas más que de bancos. Al ser las cajas la banca de las familias y de los pequeños negocios, la crisis inmobiliaria en
ellas ha tenido mucha mayor repercusión, afectando, especialmente, a aquellas en las que se ha añadido una gestión deficiente por parte de sus directivos. Esta es la negativa situación general de estas entidades.
A esto se suma en el caso de algunas cajas, no en todas, el del peso de la influencia de los poderes políticos en sus estamentos directivos. Se trata de forma principal del peso del poder político, especialmente autonómico, sobre algunas cajas de ahorros, lo que ha comportado inversiones en proyectos que eran fruto más de intereses políticos que de perspectivas de rentabilidad financiera. Los casos más significativos son los de las grandes cajas valencianas (Bancaja y CAM) o el de la CCM en Castilla-La Mancha.
La influencia política también estuvo presente en la potenciación de fusiones poco racionales entre entidades de la misma comunidad; por ejemplo, la de las cajas sevillanas en Cajasol, o las cajas gallegas que dieron origen a NovaCaixaGalicia. Cabe afirmar que el problema no es tanto la presencia política en los consejos de administración como el hecho de que las autoridades autonómicas hayan utilizado de forma perversa las competencias que tenían sobre las entidades de ahorros de sus comunidades. La influencia de los poderes políticos va unida a una deficiente, negligente y culposa gestión de los directivos de esas cajas que aceptaron sumisos la presión política.
Los órganos de gobierno
¿Qué repercusión tiene en la crisis la propia composición de los órganos de gobierno de las cajas? Puede parecer que la composición de los órganos de gobierno no era, en estos momentos, la más adecuada. Pero ello no debe llevarnos a cuestionar el modelo de representación en su totalidad. Es evidente que la evolución de las cajas y su función financiera, que en las últimas décadas les ha llevado a equiparar sus actividades a las de la banca privada, no ha sido correspondida con la actualización de sus órganos de gobierno.
Desde CC OO se plantearon modificaciones que mejoraran la composición de los órganos de gobierno de las cajas. La necesidad de limitar el peso directamente político y, especialmente, la de sustituir la representación de los impositores, que en la práctica no se representaban más que a sí mismos, por entidades sociales representativas, fueron propuestas jamás asumidas por el legislador.
Pero el problema principal ha estado en la omnipotencia de los directivos, fueran directores generales o presidentes ejecutivos, y la acumulación de la información en pocas manos, con dificultades de acceder a toda ella por parte de los propios miembros de los consejos. Esto no debe escandalizarnos en demasía. Estas mismas situaciones se dan en una gran parte de entidades, no sólo de las financieras sino de empresas en general, incluso en algunas del propio IBEX 35, donde el poder y la información residen en muy pocas manos.
En relación a las retribuciones de sus directivos, es cierto que se dispararon en los últimos años, pero han estado situadas, salvo excepciones, por debajo de las propias de las entidades bancarias. A pesar de ello, ha sido una de las cuestiones me- nos transparentes ya que todo lo relacionado con las retribuciones de la alta dirección no ha pasado siquiera por los consejos sino únicamente por las comisiones de retribuciones, formadas por sólo tres personas de la máxima confianza de presidentes y directores generales
En las consejos de las cajas existía una representación de los trabajadores, que no de los sindicatos, muy minoritaria, pero que ha sido en muchos casos el elemento más dinámico, por no decir casi el único. Y ello derivado no tanto por la información recibida como consejeros sino por su conocimiento de la propia realidad de la empresa que les permitía ser el contrapunto a la versión oficial. Es cierto que su prioridad en muchas ocasiones ha sido centrarse en la defensa del futuro de las plantillas a las que representaban y a las que cada cuatro años se sometían a su refrendo. Era la única representación que debía rendir cuentas a sus representados.
La reestructuración
Finalmente, requiere especial atención el modo como se ha abordado la reestructuración de las cajas. Con la crisis se planteó una reestructuración precipitada y ahora podemos afirmar que falta de todo tipo de perspectiva.Así, se potenciaron precipitadas fusiones directas, por un lado, y fusiones frías o SIP, por otro. Se presionó para la creación de gestión financiera indirecta a través de bancos. Se lanzó la necesidad de apertura al capital privado y, en los casos más extremos, como Banca Cívica y Bankia, se forzó su salida a bolsa de forma arriesgada y se involucró el capital de centenares de miles de pequeños ahorradores.
Es evidente que el resultado ha sido desastroso. En muchos casos se fusionaron cajas bien gestionadas con otras de gestión deficiente. El resultado es demoledor. Fue poner manzanas sanas junto a manzanas podridas, produciéndose un contagio negativo en muchas entidades. El problema se hizo cada vez mayor. El caso de Bankia es el más paradigmático. Es posible que Caja Madrid pudiera tener problemas, pero es evidente que en solitario podría haber intentado salir de ellos. Unirla a una entidad como Bancaja, que junto a la CAM constituían el emporio de los activos inmobiliarios tóxicos, era sentenciarla al derribo. Fue un engendro político y económico que sólo podía concluir en un desastre. Los intereses políticos del PP, dominante en Caja Madrid y Bancaja, fueron determinantes para una absurda fusión de siete entidades. El resultado lo hemos visto ahora con el coste de más de 23.000 millones de euros para las arcas públicas.
Había otras alternativas desde el inicio, menos costosas y traumáticas. Podían haberse nacionalizado desde el principio las cajas con problemas, y con sus activos tóxicos crear un parque de vivienda pública de alquiler, y a la vez hacer de esas entidades unas fomentadoras del crédito a las familias y a las empresas. Pero eso habría sido otra historia.
Las cajas de ahorros hoy son ya historia. La sociedad ha perdido cientos de millones de euros anuales del dividendo social que representaban las obras sociales. Además, se abre un futuro de posible exclusión social para los sectores más vulnerables de la sociedad.
MANEL GARCÍA BIEL | EX-REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "LA CAIXA"
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