ICV, la izquierda dentro del tripartito catalán

NUEVATRIBUNA.ES - 11.12.2009

 

Los hechos demuestran que ICV-EUiA es la fuerza política de izquierda dentro de la coalición de centro-izquierda y nacionalista del gobierno tripartito catalán. Y lo ha demostrado tanto en los temas en los que tiene responsabilidad propia dentro del ejecutivo catalán, como en las discrepancias que ha tenido con sus socios de gobierno...

...Entre los primeros, dos ejemplos. Uno es la actuación transparente en el ámbito de la policía autonómica con la instauración de cámaras en todas las comisarías de los Mossos d’Esquadra. A pesar de las críticas de algunos sindicatos corporativos se ha demostrado el acierto de la medida. Las cámaras salvaguardan tanto los derechos de los detenidos, como los de los propios agentes policiales. Preservan que no haya maltratos ni que haya falsas acusaciones de maltratos. La medida ha merecido ser destacada como ejemplo por Amnistía Internacional. Y se ha demostrado con esta y otras medidas que es posible hacer políticas de izquierda en departamentos conflictivos, como el de Interior, que se basen en garantizar los derechos ciudadanos de todos. Joan Saura puede estar satisfecho, y ello pese a las críticas de quien, como Cayo Lara, piensa que un socio pequeño no puede asumir responsabilidades importantes, críticas que coinciden con las que de forma continuada ha sufrido el conseller por parte de la derecha política y mediática.

Otro ejemplo se puede ver en la política de reducción de la velocidad en la entrada a las ciudades que ha conseguido el reconocimiento por parte de la Unión Europea al mejor de los 35 proyectos presentados a nivel europeo. El premio se ha concedido por lo que la medida supone de aporte a la reducción de la accidentabilidad y de impulso a la sostenibilidad ambiental. Cabe decir que este premio europeo ha sido obviado por los medios de comunicación, especialmente por “La Vanguardia” portavoz de los poderes empresariales catalanes, que llevo a cabo una virulenta campaña contra la medida i contra ICV.

En los que se refiere a las discrepancias de ICV en el seno del tripartito, éstas se deben en todos los casos a mantener coherentemente propuestas de izquierdas y ser consecuente con ellas. Tres ejemplos bastan para dejarlo claro. En primer lugar la oposición de ICV a la Ley de Educación de Catalunya. Esta ley contradice el Pacto Nacional por la Educación suscrito por el anterior gobierno tripartito de Maragall. Básicamente las diferencias de ICV y del conjunto de la comunidad educativa (sindicatos, movimientos de renovación pedagógica y Asociaciones de padres) con la ley aprobada con los votos del PSC, ERC y CiU, está en el hecho de que se mantienen las dos redes de educación la pública y la concertada con diferentes obligaciones, y esto contradice lo que se firmó en el Pacto Nacional. Para ver la contradicción basta ver el hecho de que CiU no firmó el pacto y da apoyo a la ley, y por el contrario ICV y la comunidad educativa firmó el Pacto Nacional y se opusieron a la ley, que finalmente se aprobó al haber cedido a la presión de la derecha nacionalista.

Una segunda discrepancia se dio en el tema de la ayuda a los automóviles. Todos sabemos que la ayuda estatal se circunscribía al cambio del coche antiguo por uno nuevo no contaminante. En Catalunya, sin llegar al extremo de Madrid, se amplió la ayuda a coches de gama alta y mayor contaminación. ICV se opuso a la posición de la Conselleria d’Economia, más laxa y menos ecológica, respecto a la norma estatal.

Y la tercera discrepancia, y la de mayor actualidad, es la propuesta de rebaja del Impuesto de sucesiones. La derecha, PP y CiU claman por su supresión, como ya han hecho las comunidades del PP con Madrid a la cabeza. Y ERC, que de izquierda a veces parece tener solo el nombre, se ha sumado a la fiesta pidiendo una reducción drástica, posición en la cual se encuentra muy cómodo el PSC. Por su parte ICV, se ha opuesto a esta reducción drástica y manifiesta estar por una reducción lógica, justa y progresiva del impuesto pero que se mantenga para la recaudación en los más adinerados. La propuesta de la formación ecosocialista básicamente propone una exención de pago 200.000 euros para cónyuges y de 250.000 por hijos y de 100.000 para otros descendientes. Todo ello al margen de la exención de la vivienda habitual. La posición de ICV reduce a la mitad la propuesta de ERC y PSC que establecen reducciones de hasta 500.000 euros por hijo, también al margen de la vivienda. La posición de los socios de coalición no es aceptable ni para ICV ni para los sindicatos de clase CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya ni otras asociaciones sociales que consideran que es una rebaja exagerada y que significa en euros reducir a la mitad la mejora conseguida en la financiación autonómica y que se hace reduciendo uno de los pocos impuestos progresivos que existen, y por tanto redistributivos. Todo ello en un momento en que se precisan todos los euros posibles para ayudar a efectuar políticas que ayuden a salir de la crisis.

ICV ha sido acusada por el PSC de intransigente pues según el conseller de Economía, la diferencia es pasar del 95 por ciento de exentos al 90 por ciento, pero es evidente que ese 5% representa entre un 20 y un 30% de la recaudación. Peor ha sido la posición de ERC que ha acusado a ICV de ir contra las demandas de la sociedad (¿que sociedad?) y de ser el portavoz del “lobby sindical”, denuncia que sin duda se debe a la poca influencia del partido independentista en el seno del sindicalismo y de los trabajadores.

La conclusión cuando estamos a menos de un año de las elecciones es clara. ICV representa la conciencia y la opción de izquierdas en Catalunya, quiere la reedición de un tripartito más escorado a la izquierda, frente a la ambivalencia de sus socios de gobierno que no descartan acuerdos con las fuerzas de la derecha, en especial con CiU.

Un Tribunal Constitucional falto de legitimidad

NUEVATRIBUNA.ES - 22.11.2009  

El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. 

Hace pocos días, en una conferencia en Madrid, Joan Saura , Conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, y a la vez Presidente de Iniciativa per Catalunya, pidió claramente la dimisión del Tribunal Constitucional que debe emitir la sentencia sobre el Estatut de Catalunya.

Razones no le faltan para cuestionar al Tribunal Constitucional. La lentitud de la resolución por parte del alto tribunal que lleva más de tres años pendiente de emitir sentencia. El hecho de que los estatutos de autonomía hayan pasado por toda una serie de trámites, les dan una significación legal especial. Así el Estatut de Catalunya ha pasado por la aprobación del Parlament de Catalunya. Posteriormente por la aprobación de las Cortes Generales del Estado. Y finalmente por la ratificación en referéndum del conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Es en este sentido que creemos que deberían tener una consideración especial, al ser analizados por el Tribunal Constitucional.

Y lo que es más evidente. La composición del actual Tribunal Constitucional hace que se den una serie de aspectos a tener en cuenta y que permiten poner en cuestión su veredicto. Ya no sólo se trata de que es un tribunal disminuido en lo referente a sus componentes, uno fallecido y otro que no puede intervenir en las deliberaciones al haber sido recusado. Y lo más importante es que una parte sustancial de sus miembros está con su mandato largamente caducado y no han sido renovados en tiempo y forma. Es evidente que esta situación permite cuestionar claramente sus posibles resoluciones.

No es cuestionable social y políticamente una resolución dictada por un TC, donde determinarán su fallo una parte de sus miembros que ya no deberían ocupar su sillón. Es evidente que la falta de renovación es responsabilidad del poder político en especial de los principales partidos políticos PP y PSOE que han hecho del tema un tema más de confrontación política.

Sin embargo parece que muchos no quieren darse cuenta de la gravedad del problema. El Estatut es la apuesta de encaje de Catalunya dentro del Estado. Y ese no es un tema menor. La apuesta por el Estatut es la apuesta del sector de la sociedad catalana más partidaria de tener unas relaciones normalizadas con el Estado.

En este sentido no es casual que haya sido Joan Saura, un político poco dado a salidas de tono, que dirige una formación política no independentista sino claramente federalista, solidaria y catalanista, quien haya lanzado la advertencia. La solución de la cuestión catalana debe pasar claramente por una solución política. Y eso pretendía ser el Estatut. Es evidente que una sentencia que recorte el Estatut, más allá de lo establecido por las Cortes Españolas, creará un mayor grado de confrontación territorial, y de desafección social de la ciudadanía catalana respecto a España. Cerrar el paso a la vía estatutaria significa dar alas y promocionar a aquellas formaciones que se definen claramente como independentistas y que querrían dar por muerta la vía estatutaria.

Es por ello que, al margen de que se tuviera que replantear el papel del Constitucional en el ámbito de los estatutos de autonomía, se debe hacer una lectura de la repercusión que puede tener una sentencia negativa emitida por un Tribunal Constitucional capitidisminuido y con una gran parte de sus miembros con mandato caducado.

Únicamente personas con una visión corta de la política pueden en este momento apostar por un recorte estatutario que lejos de solventar problemas no haría nada más que agudizarlos. El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. Hay temas de estado con los que no se puede jugar. Y el Partido Popular debería reflexionar sobre la razón de su papel marginal en Catalunya.

Estamos ante un tema que nos debería tener preocupados a todos. Hay temas muy sensibles para la ciudadanía. No es por nada que el preámbulo del Estatut habla de la nación catalana, no es jurídicamente pero si políticamente relevante, ya que es como se considera la ciudadanía de forma claramente mayoritaria. No se puede hacer demagogia con la lengua, especialmente en una sociedad como la catalana donde hasta el presente no ha habido ningún problema con ello, sólo en alguna mente calenturienta. Y tampoco se debe jugar con temas simbólicos que afectan al sentir ciudadano. No se puede jugar con fuego con los sentimientos. Y hasta el momento la sociedad mayoritariamente ha optado por la vía estatutaria. Más valdría no provocar descarrilamientos en una sociedad que, con todos sus problemas, funciona y está cohesionada a pesar de su multidiversidad. Todo el mundo debería tener en cuenta que una vez se inicia la desafección y el rechazo a una fórmula política, como es en este caso la vía estatutaria, el futuro se hace muy, pero que muy complicado. Y para todos.

Las Cajas, en peligro de privatización

NUEVATRIBUNA.ES - 10.11.2009   

 

Las Cajas (...) han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos.

La crisis financiera en nuestro país está afectando, debido a su mayor exposición al riesgo hipotecario, al sector de las Cajas de Ahorros y ello puede derivar en el peligro de que se quiera poner en cuestión su propia existencia.

Las cajas de ahorro han ido desapareciendo de forma paulatina en muchos países de nuestro entorno donde habían tenido una importante presencia. Basta contemplar los casos de Bélgica o Italia. Y es evidente que su desaparición no ha comportado una mayor competencia en esos países sino al contrario. Podemos destacar que en algún caso, como el de la que fue en su momento la principal Caja mundial, la Caisse General d’Epargne et Retraite de Bélgica – CGER, su banco privatizador FORTIS ha sido una de las victimas de la crisis financiera mundial hasta desaparecer como tal banco. En otros casos como es el de Gran Bretaña, la desaparición de las cajas ha comportado la exclusión financiera de importantes sectores de la población, que ahora no disponen de cuentas bancarias con lo que ello conlleva en la vida cotidiana.

En nuestro país siempre ha habido un gran interés por parte de los poderes económicos, financieros y no financieros, incluidos grupos mediáticos, de intentar cuestionar la propia existencia de las cajas. Para ello en ocasiones se han utilizado todo tipo de argumentos como aquel que decía: “las cajas pueden comprar bancos pero no al revés”. Nunca se ha explicado que las Cajas ayudaron a atenuar el proceso de reestructuración del sector de la banca privada en este país, quedándose los bancos con problemas que el resto de la banca privada no quería, es decir las piezas menos deseadas. Por tanto, argumentos de ese tipo, basados en una supuesta discriminación que sufrían los bancos respecto a las cajas, no eran más que puras falacias.

Las Cajas en nuestros país han sido en muchos casos un factor fundamental para el desarrollo territorial, han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos que han tratado una y otra vez de cuestionar su naturaleza jurídica con el objetivo de lograr su privatización.

El instrumento para tratar de conseguirlo son las denominadas las cuotas participativas, es decir una especia de acciones sin derechos políticos. El primer intento fue regulado por el Ministro Solchaga del PSOE.. Todo el mundo, mínimamente informado, sabía que las cuotas participativas eran el caballo de Troya para conseguir una futura privatización de estas entidades. ¿ Como podía pervivir un sistema en el que a unas personas, propietarias de esas cuotas, vinculadas a los resultados de las cajas de ahorros, se les negara el derecho a defender sus intereses en los órganos de gobierno de dichas entidades?. Se trataba y se trata de un intento malévolo de introducir un sistema que a medio plazo no tendría sentido sin dotar a las cuotas de derechos políticos y convertirlas, de forma más o menos directas, en acciones propias de una sociedad anónima.

En la actualidad la crisis financiera, la necesidad de reestructurar el sector, da nuevas alas a los interesados en un cambio de la naturaleza jurídica, liderados ni más ni menos que por el Banco de España. Y se aprovecha tanto de la crisis como del clima impresentable que provoca la actuación política en diversas Cajas. Desde la mala gestión, en gran derivada de la ingerencia política como ha sido el caso de la CCM (Caja de castilla La Mancha), hasta el esperpento derivado de la lucha por el poder en Caja Madrid.

Podemos afirmar sin dudas que la actuación política de algunos Gobiernos autonómicos, que deberían ser en principio los mayores defensores de las Cajas de Ahorros, con su afán intervencionista en convertir a estas entidades en puros bancos regionales, han sido la peor ayuda para estas entidades. Y esto se ha dado en comunidades controladas por todo tipo de color político. Y en muchos casos los teóricamente más liberales han sido los más intervencionistas, no volveré a citar el caso de Caja Madrid, pero también puede verse en el País Valenciano con la ruinosa inversión que se obligó a hacer a las cajas valencianas en Terra Mítica. Es cierto que también se han actuaciones más respetuosas con el papel de las cajas en otras comunidades con gran arraigo de las cajas, cómo es el caso de Catalunya.

Hasta el momento el interés por introducir las cuotas participativas en el sector ha sido un fracaso absoluto. Han pasado muchos años y sólo la Caja del Mediterráneo efectuó, no hace mucho, este tipo de emisiones. La causa era muy clara, en todo el sector se sabía que quién emitiera cuotas es porque tenía problemas, y así nadie se atrevió a emitirlas.

Sin embargo ahora el Banco de España, en especial su máximo responsable, está tratando de aprovechar el momento para conseguir su objetivo de una vez de introducir como sea las cuotas participativas en el sector. Hace bien poco ha intentado una jugada que hubiera resuelto de una vez el tema. Se trataba de lograr forzar a “la Caixa” a pujar por la CCM, han sido públicas las invitaciones del regulador y menos públicas las presiones que ha ejercido. El objetivo era simple, no sólo solucionaba el tema de la CCM, sino que, hacia que la primera Caja de Ahorros del país se viera forzada a la emisión de cuotas participativas para hacer frente a la operación. Y si la primera caja lo hacía se eliminaba un obstáculo psicológico para que otras siguieran por el mismo camino. Por suerte, y de momento no ha conseguido su objetivo. Pero sin duda la historia continuará.

Y mientras otros se relamen ya contemplando la oportunidad de poder hincar el diente a la mitad del sistema financiero español que representan las Cajas. Los banqueros, los grupos económicos, etc, están a la espera, de la para ellos tan esperada oportunidad, de que la reestructuración sea en realidad una reconversión y privatización que les puede reportar pingües beneficios.

Una piedra en el “Oasis” catalán

NUEVATRIBUNA.ES - 1.11.2009

Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano.

La “operación Pretoria” dirigida por el juez Garzón, que ha comportado la detención entre otros del alcalde socialista de la población barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, así como dos de las principales personalidades del reinado pujolista como son Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ha supuesto el efecto de una piedra lanzada sobre un tranquilo estanque.

En efecto la operación del juez Garzón, cuando la sociedad catalana aún no se había repuesto del efecto del caso “Millet”, ha significado poner en evidencia algo que muchos suponían pero que la mayoría de la sociedad ignoraba o no se daba por enterada, que en Catalunya también existe la corrupción derivada del trafico de influencias y de un panorama político durante mucho tiempo inamovible.

Entre las personas concienciadas políticamente muchos sospechaban que bajo la apariencia de sociedad culta y políticamente correcta de Catalunya, que en muchas ocasiones se contraponía a la mucho más crispada de otras latitudes del estado, existía en realidad un cierto contubernio entre los dos principales partidos que han venido hegemonizando la vida política de Catalunya, es decir entre CiU y PSC. Mientras Convergencia dominó el control de la Generalitat durante décadas, los socialistas han dominado la vida municipal. Y a pesar de fricciones pasajeras la sangre no llegó jamás al río.

Durante mucho tiempo fue más que un rumor la teoría que un día Pascual Maragall se atrevió a decir, en el Pleno del Parlament de Catalunya, dirigiéndose a CiU: “ su problema es el 3%”. Aunque posteriormente rectificara es evidente que dijo lo que muchos comentaban en privado.

Ya mucho antes, Catalunya había tenido el famoso caso Banca Catalana, que Pujol utilizó magistralmente para hacer victimismo y hacer aparecer como un juicio a Catalunya lo que en realidad era un juicio a su comportamiento personal, y que comportó no sólo un agrio debate político sino poner en cuestión a dos personas de honestidad y rectitud contrastada como son los fiscales Mena y Villarejo, a los que las conveniencias políticas del Gobierno de Felipe González dejaron sin apoyo.

Tampoco podemos olvidar que en el caso Filesa uno de los principales condenados fue Josep Mª Sala, el que en aquellos tiempos era el todopoderoso responsable de Organización del PSC. Una persona que continúa teniendo, aún hoy, su peso en el partido y al que sin duda el partido le concede la recompensa que merece, pues asumió sin rechistar toda la responsabilidad sin involucrar a nadie, en un total ejemplo de militancia leninista.

La sociovergencia es un concepto que significa el modelo ideal de dirección política que desean los poderes económicos hegemónicos en Catalunya, representados entre otros por la Cámara de Comercio de Barcelona o el Círculo de Economía, y que tan adecuadamente defiende su máximo portavoz mediático el diario “la Vanguardia”. Es evidente que a estos poderes les encantaría un gobierno sociovergente ya que garantizaría mantener un oasis de calma total, sin aventuras, donde todos estuvieran tranquilos y se pudieran continuar haciendo negocios. Más que un “oasis” cabria definir un estanque de aguas no renovables y cenagosas que impidiera las más mínima transparencia.

Son estos poderosos que sueñan con una Catalunya plácida que tan bien representó Pujol y el sector de los negocios de CiU, y que hoy representa más Duran Lleida que Artur Mas, este último con demasiadas salidas de tono para su gusto. Es también la Catalunya en la que encajan plenamente los barones municipales del PSC, el conseller Nadal, o el propio Montilla, y en la que no tenían cabida personajes tan peculiares como Pasqual Maragall. Unos poderes que desconfían de ERC, más por su comportamiento infantil y falta de coherencia que por su supuesto independentismo. Unos poderes que desearían tener un PP presentable en Catalunya como el que pudo representar Piqué. Y unos poderes que tienen claro que ICV es su adversario y que atacan a Saura y a sus consellers, más que por poder real, porque son la única formación que puede representar por sus planteamientos alternativos un enemigo de verdad para sus intereses.

Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano. La gente hoy se pregunta: ¿Cómo puede ser que esto pase aquí, si creíamos que eso era patrimonio de las Baleares, de Valencia o de Madrid? En cierta medida esta situación será positiva porque puede servir para romper un falso espejo y que la sociedad catalana se enfrente a su verdadera realidad que durante mucho tiempo se le ha escondido y negado.

Alarma social justificada

NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2009

 

La lentitud de la justicia es uno de los factores de mayor deterioro de la vida social. Una justicia lenta es el mayor enemigo de la justicia. (...) Estos casos no sólo perjudican a sus autores, sino que deterioran la confianza de la gente de a pie hacia las instituciones, de todas las instituciones.

La ciudadanía catalana se encuentra inmersa en un estado de alarma social, que considero plenamente justificada al entorno del caso Millet.

Debemos tener en cuenta que se trata de un caso de latrocinio continuado perpetrado sobre una de las instituciones culturales, el Palau de la Música y el Orfeó Catalá, de mayor arraigo, prestigio y llegaría decir de las que mayor cariño tienen en el seno de la sociedad catalana.

La alarma social se debe en primer lugar al propio hecho de la expoliación de la caja del Palau-Orfeo. Asimismo la continua aparición de nuevos hechos y datos en el caso, que hacen que la sociedad no salga de un permanente asombro e indignación. Primero fueron las imágenes de los Mossos d’Esquadra entrando en el Palau y sacando abundante material y comunicando el hecho de la existencia de situaciones irregulares d’expolio del Palau por parte de Millet y sus compinches, Después fue el hecho de que las cifras día a día van incrementándose, primero eran dos millones, después ocho, diez, doce y ahora ya se habla de catorce millones de euros. A continuación aparece el hecho de las subvenciones efectuadas a políticos de la órbita nacionalista, primero Ángel Colom, después de la Fundación de CDC. Seguidamente aparecen filmaciones donde se muestran como, después de los hechos, los afectados sacaban documentos y enseres del Palau. Se hace pública la indignación del personal del Palau, y en especial de las personas del Coro del Orfeó que manifiestan la situación precaria en que se encontraban los profesionales en todos los aspectos incluidos en el de su precaria situación laboral e incluso profesional, ya que el Palau se cedía para la celebración de actos sociales que impedían los propios ensayos generales de los coros, es decir que se anteponían la recaudación de ingresos a la propia primacía de la actividad cultural. Por último, hasta ahora, la utilización patrimonial de la institución por parte de los afectados, ya no es sólo el hecho de que familiares de primer grado ocuparan cargos en la entidad, es el propio hecho de utilizar el marco del Palau para la celebración de la boda de las hijas de Millet, y cargando los gastos en facturas al Palau. Un solo ejemplo es que para la boda de una de las hijas, le fue facturado al Palau más de un millón de las antiguas pesetas, sólo para la ornamentación floral.

En segundo lugar la alarma se debe al fallo de todo tipo de controles en una entidad que se nutría de fondos públicos. Es decir cuando día a día aparecen nuevas noticias de los hechos totalmente reprobables, a la vez que la ciudadanía se da cuenta de cómo han fallado todos los controles existentes. Los patrones del Palau no se enteraban de nada, pero dejaron hacer. Los auditores certificaban las cuentas, y como máximo establecieron alguna anotación sobre posibles problemáticas fiscales. Las Instituciones Públicas que formaban parte del Consorcio, Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona no se enteraron de nada. Sólo algunas excepciones manifestaron algún recelo como la Sindicatura de Comptes que manifestó sus objeciones a las cuentas del 2002, o como anteriormente a principio de los años 90, Lali Vintró, de ICV, que representaba en ese momento al Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General ya manifestó su objeciones tanto sobre la acumulación de cargos de las tres entidades que engloban el Palau- Orfeó en una misma persona, o del hecho de que si el presupuesto se basa fundamentalmente en subvenciones públicas, la responsabilidad máxima también debería recaer en las mismas. Y al final como en el caso de Al Capone tuvo que ser Hacienda la que diera la voz de alarma.

En tercer lugar pero, no en el último en cuanto a causa de l’alarma social, l’actuación de la justicia. La actuación de la judicatura ha sido lamentable, como mínimo a ojos de los ciudadanos. La gente de la calle no entiende que ladrones confesos tarden meses en ser llamados a declarar. No entiende que las reiteradas peticiones de medidas cautelares por parte de la fiscalía sean desatendidas. Y no entiende que cuando se les llama finalmente a declarar salgan tan campantes después de ver al juez, y se les imponga tan sólo la medida de dejar el pasaporte, porque el juez considera que no hay peligro de huida de los acusados ni de destrucción de pruebas. La resolución parece sarcástica si no fuera indignante. No hay peligro de huida pese a que está probado de que dispone de una cuenta en Suiza y que en principio la petición por todos los hechos aparecidos, más los que puedan aparecer podrían comportar largas penas de prisión. En cuanto a la desaparición de pruebas, es cuanto menos de mal gusto, debe deberse al hecho que después de tantos meses ya han podido hacer desaparecer todas las que han podido. Hay imágenes que golpean al ciudadano de a pie, la tranquilidad en la entrada de Millet en el juzgado, que recogieron las cámaras de los medios, su media sonrisa cuando se le interpela, su cara es la del niño travieso que sabe que no va a ser castigado. Es como si tuviera el presentimiento de que iba a volver a casa. Y como escribía un lúcido periodista en un medio de Catalunya, será porque Millet pensaba que si ahora no ingresaba en prisión difícilmente lo haría pues la tramitación, si duraba el mismo tiempo que el anterior caso de Renta Catalana en el que se vio implicado, podría comportar que cuando finalice el tramite judicial el ya tenga más de cien años. Debe ser por ello que la Fiscalía de Catalunya, dirigida por una persona encomiable domo es la Fiscal Jefe de la Audiencia, Teresa Compte, haya salido en bloque a declarar ante los medios su oposición a la resolución y a la presentación inmediata de un recurso para conseguir el ingreso en prisión de los afectados.

Y esto nos lleva a extraer dos conclusiones del caso. Una es obvia, la lentitud de la justicia es uno de los factores de mayor deterioro de la vida social. Una justicia lenta es el mayor enemigo de la justicia. Y una segunda conclusión que me gustaría extraer del tema es que, los casos Millet, Gürtel, los múltiples escándalos de las Baleares que afectan a más del 10% de sus parlamentarios, estos casos no sólo perjudican a sus autores, sino que deterioran la confianza de la gente de a pie hacia las instituciones, de todas las instituciones, que cada vez más desconfía y recela de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas, así como de los partidos, de los sindicatos, de las ONG, de los medios de comunicación, en definitiva de lo todo lo que es colectivo, en definitiva del concepto propio de sociedad. Y eso sólo es caldo de cultivo, del individualismo social y del “berlusconismo” político o derivados.

¿Hay vida más allá del caso Gürtel? ¿Los escándalos de corrupción en Catalunya no interesan en España?

NUEVATRIBUNA.ES - 15.10.2009   

 

Creo que es preocupante el nulo interés que despierta el juicio contra la que fue la cúpula de la Delegación de Hacienda en Catalunya. (...) Este caso contiene un hecho ejemplar que parece que ahora nadie recuerda. Fue a causa de la aparición de este asunto que Josep Borrell, candidato elegido en unas primarias del PSOE, en las que se presentó como candidato “outsider”, a la Presidencia del Gobierno, no dudó en dimitir.

No podría precisar la razón por la que los medios de comunicación de ámbito estatal dedican tan poco espacio, si es que dedican alguno, a los escándalos de corrupción que suceden en Catalunya. No quisiera pensar en aquello de que estos sucesos no son de interés por suceder en un ámbito exterior al de su interés, ni que se haya caído ya en el maniqueísmo de que sólo tiene importancia mediática a lo que afecta al juego PP-PSOE. Pero lo cierto es que hay vida más allá del caso Gürtel. Sin embargo la última vez que los medios en general dedicaron interés a un suceso ocurrido en Catalunya fue el caso del suspense sobre la supuesta leona que circulaba libremente por Tarragona, que al final se transformó en un perro.

En este momento y sólo a nivel judicial se están produciendo en Catalunya dos sucesos muy importantes. Me refiero en primer lugar al caso Millet (sobre el expolio efectuado en el Palau de la Música- Orfeo Català), al que ya me referí en otro artículo en Nueva Tribuna y que día a día reporta nuevas sorpresas. La última es el hecho que los ladrones confesos habían subvencionado con más de 600.000 euros, procedentes de subvenciones públicas, a la Fundación Trias Fargas de CDC. Y ante este hecho Artur Mas, como Rajoy en el caso “Gürtel” intenta mirar hacia otro lado. Cabe indicar que la ausencia de interés de los medios estatales contrasta con la atención que se le presta por los medios de Catalunya.

El otro caso de actualidad es el del inicio del juicio contra la trama de corrupción de los que fueron los máximos responsables de Hacienda en Catalunya, y en la que también están imputadas importantes “personalidades” de la vida social catalana. Poco se habla de este caso en los medios de Catalunya y prácticamente nada en los estatales.

Creo que es preocupante el nulo interés que despierta el juicio contra la que fue la cúpula de la Delegación de Hacienda en Catalunya. Se ha iniciado ahora el juicio, lamentablemente después de muchos años de haber sucedido los hechos. En el banquillo también figuran como imputados importantes personalidades como José Luis Núñez y su hijo, propietarios de Núñez y Navarro, el financiero Javier de la Rosa, denominado en su tiempo “empresario modelo”, en palabras de Jordi Pujol, Juan José Folchi, que fue Conseller de Economía en la Generalitat provisional por UCD, o Eduard Bueno, empresario que fue en su día candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat.

En el juicio se juzga a unos altos funcionarios corruptos que falsificaban actas de hacienda, a cambio de jugosos sobornos, y a unos representantes importantes de la clase empresarial catalana que así conseguían evadirse de sus obligaciones fiscales. Es un caso que, quizás porque ha pasado mucho tiempo, parece no interesar a nadie.

Sin embargo este caso contiene un hecho ejemplar que parece que ahora nadie recuerda. Fue a causa de la aparición de este asunto que Josep Borrell, candidato elegido en unas primarias del PSOE, en las que se presentó como candidato “outsider”, a la Presidencia del Gobierno, no dudó en dimitir. Cabe destacar que Borrell fue durante su etapa como ministro un ejemplar luchador contra el fraude fiscal, y un político socialista que tenía muy claro, no como tantos otros, el papel redistributivo de los impuestos. Borrell no tenía ninguna culpa en la actuación de sus subordinados, pero con un concepto ético que le honra, dimitió por considerar que había tenido una responsabilidad por omisión. Yo creo que ejemplos como el de Josep Borrell sería bueno recordarlos en estos tiempos en el que todo vale y nadie se considera responsable.

El caso Millet o el ocaso de la burguesía catalana tradicional

NUEVATRIBUNA.ES - 6.10.2009

Hoy con la explosión del caso Millet, un prohombre que antepuso su lucro personal al desarrollo de la propia institución que presidía a la que descapitalizó a la vez que impedía cumplir su función de vanguardia en el campo musical, puede iniciarse un necesario tránsito en la sociedad catalana. Esperemos que se dé la necesaria depuración de unos elementos, hoy parasitarios, que ya no tienen nada que ver con sus antecedentes que dieron, en su época, momentos de esplendor a Catalunya.

El caso de Félix Millet, Presidente del “Orfeó Català” y del Patronato del “Palau de la Música Catalana”, instituciones que concentran las esencias de Catalunya, sacude estos días la sociedad catalana.

Félix Millet, considerado un prócer cultural, un “señor de Barcelona”, representante de una casta social que ha dirigido la vida social y cultural de Catalunya durante decenios, es en realidad un ladrón confeso, que ha venido expoliando durante años las cuentas del “Palau “ y del “Orfeó” en beneficio propio. Hasta el momento, y aún no ha finalizado la investigación, parece haber sustraído más de 15 millones de euros.

El caso día a día se complica más, y ahora ya salpica a individuos y entidades situados en la órbita convergente. Así Angel Colom, hoy dirigente convergente y antiguo líder del efímero Partit per la Independencia, junto con Pilar Rahola, recibió una subvención de unos 25 millones de pesetas. Asimismo, la Fundación Trias Fargas de CDC también recibió en los últimos años subvenciones por un valor de 600.000 euros. A pesar de los intentos de Convergencia de restarle importancia al tema, ¿cómo se explica que una entidad cultural, que recibe financiación pública y privada, se dedique a subvencionar a actores políticos?

Hasta aquí la historia que aún no ha finalizado y que puede ampliarse en los próximos días y semanas. Por cierto, Félix Millet aún no ha sido llamado por el juez, ni se le ha aplicado ninguna diligencia ni medida cautelar, pese a ser ladrón confeso. Así va la justicia, pero éste seria tema de otro análisis.

El caso Millet es un ejemplo paradigmático del ocaso de una cierta burguesía catalana que ha dominado el panorama catalán a lo largo del siglo XX. Es la burguesía, culta y catalanista, que a partir de mediados del siglo XIX dio un impulso económico, cultural y social a Catalunya que culminó, a nivel cultural, con la etapa del Modernismo, y que tuvo su expresión política en Cambó y la Lliga Regionalista. Fue ésta la clase burguesa que ejerció una amplia hegemonía en Catalunya hasta el advenimiento de la República. Fue la burguesía que tuvo el mérito de conducir a un renacimiento de la economía, pero también de la cultura catalana y se convirtió en un ejemplo y motor para el conjunto de España.

Es una burguesía que inicia su declive con el advenimiento de la República y sobre todo con la radicalización de ésta a partir del año 1936. En el plano puramente partidario, la Lliga de Cambó es ampliamente superada en Catalunya por la ERC de Macià y Companys. Por otra parte esta burguesía contempla con temor la pujanza del movimiento obrero en Catalunya. Todo ello comportó que una parte importante de ellos vean con simpatía el alzamiento de Franco y que muchos de ellos se pasen a su bando dando lugar a los llamados “catalanes de Burgos”.

Durante el franquismo, esta burguesía catalana pierde impulso, si bien va ocupando espacios en los ámbitos de las instituciones culturales y sociales que quedan. Una parte de ella conserva un cierto acervo catalanista, mientras otra claramente se adhiere al nuevo régimen y hasta se convierte en la que podríamos denominar “la burguesía catalana que habla en castellano porque es más fino”.

A partir de mediados de finales de los 60, la vida social y política de Catalunya tiene un nuevo renacimiento, pero que ya no nace de la mano de burguesía catalana tradicional, sino que tiene un claro componente popular, especialmente ligado a la hegemonía de la resistencia centrada en el PSUC, los nuevos movimientos culturales, la nova cançó, los intelectuales, el mundo de la cultura está plena y mayoritariamente vinculada a la iniciativa resistencial, impulsada y dirigida por los comunistas catalanes, alrededor del movimiento unitario que culminó en la Asamblea de Catalunya.

En este momento la tradicional burguesía catalana había perdido toda su capacidad de impulso y renovación. Durante la época democrática encuentra su hueco en el espacio del pujolismo, que aparece como la única opción capaz de cerrar el paso a una izquierda hegemónica en Catalunya al inicio de la democracia. Y es así que se convierte en la denominada “sociedad civil” convergente. Los descendientes de una burguesía otrora dinámica se dedican a ocupar las parcelas de poder cultural y social de la sociedad catalana como son el Círculo del Liceo, el Barça, la Caixa, o el Palau entre otras. Como decía el propio Félix Millet “ somos cuatrocientos que nos encontramos en todos los sitios de poder".

La burguesía tradicional catalana vinculada ahora al pujolismo, cada vez aporta menos al impulso económico. Finalmente con la llegada del predominio del “tocho” (ladrillo) la mayoría de ellos abandona sus empresas en beneficio de la especulación inmobiliaria, abandonando la economía productiva por la especulativa. Mientras la mayoría de los nuevos impulsores de la economía privada catalana, los Lara (Planeta), Andic (Mango), Roures (Mediapro), Núñez, o López (Hotusa) poco o nada tienen que ver aquella burguesía hoy ya obsoleta.

Hoy con la explosión del caso Millet, un prohombre que antepuso su lucro personal al desarrollo de la propia institución que presidía a la que descapitalizó a la vez que impedía cumplir su función de vanguardia en el campo musical, puede iniciarse un necesario tránsito en la sociedad catalana. Esperemos que se dé la necesaria depuración de unos elementos, hoy parasitarios, que ya no tienen nada que ver con sus antecedentes que dieron, en su época, momentos de esplendor a Catalunya.

Como dice el tradicional refrán catalán: “la primera generación crea, la segunda mantiene y la tercera dilapida ”. Es evidente que estamos ya en la hora de la tercera generación de la que fue en su tiempo una burguesía dinámica y emergente, y que hoy es un triste y decadente reflejo del lo que fue un día.

La desvergüenza de los poderosos

NUEVATRIBUNA.ES - 1.10.2009

No nos gusta la propuesta del Gobierno, porque creemos justo e imprescindible, como se plantea desde los sindicatos y desde fuerzas minoritarias de la izquierda, que el incremento se efectúe, básicamente, gravando las rentas más altas, incrementando los impuestos directos, de forma que en estos momentos de crisis se incremente la presión fiscal sobre los que más tienen, sobre personas como el señor Goirigolzarri, y sobre sus instrumentos financieros, como son las SICAV.

La mayor lección de esta crisis debería ser haber puesto al descubierto el fariseísmo de los poderosos, el típico esquema de vicios privados y publicas virtudes. Aquellos que públicamente siempre apuestan por la necesidad de recortar el gasto público en todos los aspectos, son los que por su parte tienen un afán desmesurado e insaciable de acumular riquezas privadas.

Esta situación no es nueva y desde la explosión de la crisis lo hemos visto reflejado en numerosos casos de los multimillonarios sueldos de los responsables de las mismas.

Este miércoles hemos visto un ejemplo claro en nuestro país, al hacerse pública la jubilación anticipada del hasta ahora Consejero delegado del BBVA, Sr. Goirigolzarri. Este señor se jubila, o lo jubilan, a los 55 años, con una pensión anual de 3,3 millones de euros, (la media que cobraba bruta anual en activo era de 4,3 millones.

El caso nos sirve de ejemplo en múltiples aspectos. En primer lugar nos da una idea de cual es el importe de los sueldos que cobran los altos directivos de nuestras más importantes entidades financieras, sin ningún sonrojo por cierto.

En segundo lugar y de forma paralela, nos permite tener una mejor perspectiva, y poner en su lugar a los personajes, cuando desde las esferas patronales, entre ellas la bancaria, se exigen sacrificios salariales y reformas laborales para hacer más competitiva nuestra economía.

Cabe distinguir que ellos están al margen de todas las recetas que plantean ya que habitan en otro mundo. Para ellos no hay contención salarial y no se ven afectados cuando se plantean, especialmente desde la patronal, la necesidad de reformar la protección social o de alargar la edad de jubilación.

Es evidente que los sacrificios y las crisis no llegan a esos niveles, lo cual no les es óbice para que no se muerdan la lengua y se manifiesten críticos con los gobiernos exigiendo menos regulación, más libertad de mercado y menos impuestos.

Llegados a este punto cabría plantear una critica a nuestro Gobierno actual, hay mucha gente que puede entender la necesidad de subir los impuestos para afrontar la crisis, que no nos oponemos a un incremento de la presión fiscal Sin embargo no nos gusta la propuesta del Gobierno, porque creemos justo e imprescindible, como se plantea desde los sindicatos y desde fuerzas minoritarias de la izquierda, que el incremento se efectúe, básicamente, gravando las rentas más altas, incrementando los impuestos directos, de forma que en estos momentos de crisis se incremente la presión fiscal sobre los que más tienen, sobre personas como el señor Goirigolzarri, y sobre los instrumentos financieros que tienen, como son las SICAV, para evitar su tributación. Si no resultará, que como siempre los poderosos se van a librar de pagar las crisis que provocan y encima nos darán sermones de los sacrificios que los ciudadanos hemos de hacer.

¿Qué hay detrás del posible pase a la política de Joan Laporta?

NUEVATRIBUNA.ES - 28.9.2009

A estas alturas seria bueno fijarse en la trayectoria de un personaje que no desencajaría demasiado en una Liga Norte a la catalana. Por primera vez en la historia un presidente del Barça hace política desde su cargo y prepara su futuro, lo que ya es todo un indicio. Además es evidente que la historia de Laporta en el propio cargo de presidente es todo un símbolo.

Desde el pasado 11 de setiembre todo parece indicar, en Catalunya, que Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona, de el paso a la política al finalizar su mandato futbolístico.

El tema no deja de tener su enjundia y viene a completar una serie de movimientos que desde hace tempo se vienen gestando y que tienen como objeto lanzar una nueva opción independentista al escenario político. El primer paso se dio con la escisión de ERC del grupo liderado por Joan Carretero, ex conseller de Gobernación en el primer tripartito de Maragall. Esta corriente se ha presentado como más radicalmente independentista, pero ha ocultado que también era la situada más a la derecha de la formación.

Posteriormente este grupo ha establecido conversaciones con otros grupos locales como las CUP (candidaturas de unidad popular) de cara a presentarse a las Elecciones al Parlament de Catalunya del 2010. Y ahora parece consolidarse definitivamente al plantearse la posibilidad de que esta operación la encabece una figura popular como Joan Laporta.

El objetivo último de la operación, bien vista y favorecida desde CiU, no seria otro que evitar una nueva reedición del tripartito después de las próximas elecciones autonómicas. Es evidente que esta nueva formación trataría de erosionar al electorado crítico de ERC, especialmente el que no asume de buena gana su alianza con el PSC, y así conseguir que el tripartito no tuviera mayoría en el Parlament, todo ello a la vez que obligaban a ERC a radicalizar su discurso.

Un primer ejemplo lo hemos visto con el “famoso” referéndum de Arenys de Munt, consulta a la que ERC se ha apuntado cuando ya estaba en marcha de la mano de asociaciones de base afines a las CUP.

En este contexto la personalidad de Joan Laporta encaja como anillo al dedo. Populista hasta la demagogia y con un buen perfil fotogénico, era la guinda que falta para el pastel.

A estas alturas seria bueno fijarse en la trayectoria de un personaje que no desencajaría demasiado en una Liga Norte a la catalana. Por primera vez en la historia un presidente del Barça hace política desde su cargo y prepara su futuro, lo que ya es todo un indicio. Además es evidente que la historia de Laporta en el propio cargo de presidente es todo un símbolo. El personaje que se presentó como la “regeneración” del club después de la era Núñez, al frente de la plataforma “Elefant Blau”, ha ido dejando en la cuneta a todos sus antiguos compañeros de travesía a los que ha ido empujando fuera de la Junta del Barça. Ahora parece que apuesta para su sucesión por su último aliado el economista ultraliberal i hasta hace poco pro-convergente Sala Marti.

No deberíamos olvidar que Laporta perdió en su momento una moción de censura que fue avalada por una mayoría de los socios del Barça, con más de un 50% en su contra. A pesar de ello al no llegar al 60% que marcaban los Estatutos evito dimitir, al contrario de lo que si que hizo una gran parte de su junta encabezados por el entonces vicepresidente del club Ferrán Soriano actual presidente de Spanair. El no dimitió, no cabía esperar menos de un demócrata como él.

Si ejemplos como este de respeto democrático no faltan en su curriculum, también cabria dejar que es un independentista un tanto peculiar, como tantos otros en Catalunya. Él nos lo ha demostrado en el propio fútbol. Laporta siempre ha manifestado su pleno apoyo a la creación de selecciones deportivas de Catalunya y muchas veces nos ha puesto de ejemplo el caso de Escocia. Y ese es un buen ejemplo porque si Laporta fuera consecuente haría como en Escocia y propugnaría una Liga Catalana de Fútbol, como hay en Escocia. Pero parece ser que esa vía no convence, ya que le comportaría enfrentar el corazón independentista con la cartera de buen burgués. Cabe imaginarse el “Camp Nou” y a Leo Messi jugando una liga con el Girona i el Tarragona como máximos rivales. No, hasta ahí no llega el sentimiento patriótico. Y ya se sabe, en caso de intereses contradictorios, lo que prevalece es lo material, el dinero, la “pela”. Por ello el objetivo de Laporta ha ido más dirigido a crear una Liga Europea que le permitiera casar sus ideas con el negocio.

Y ese ejemplo no pretende ser esperpéntico. Es similar a la pregunta de la pro independencia de Catalunya de Arenys de Munt. Cual era la pregunta, pues ni más ni menos que: ¿Está a favor de la independencia de Catalunya como estado democrático integrado en la Unión Europea? Es decir independientes si pero dentro de Europa por supuesto. Nadie puso en cuestión tan sólo que España pudiera decir que no a dicha incorporación. En fin es fácil la demagogia si se hace sobre el absurdo.

En Catalunya estamos padeciendo desde hace demasiado tiempo, una herencia de Pujol, la hegemonía del pensamiento que sitúa como elemento principal del debate político el debate interterritorial, un debate teórico, abstracto y fuera de contexto, que deja en segundo término y fuera de juego el necesario debate sobre la realidad social concreta y que afecta a los intereses concretos de los ciudadanos. En definitiva en Catalunya y en gran parte debido a la actuación funesta de los Gobiernos del Partido Popular y a la falta de claridad de los del PSOE, continua siendo hegemónica en los medios publicados, radiados y televisados la ideología “pujolista” del victimismo, que aprovecha muy bien los errores de los otros.

Es en este contexto, cuando se pasa de plazos el cumplimiento del Acuerdo de Financiación, cuando la ciudadanía de Catalunya vive día a día a la espera de que el Tribunal Constitucional pueda guillotinar el Estatuto a pesar del Acuerdo del Parlamento del Estado, del Parlament de Catalunya y del refrendo del conjunto del pueblo catalán, que se abre el camino de la política a personajes que hacen de la política con minúsculas su recurso, Catalunya es un país que ha dejado de ser un ejemplo por el nivel de su política, como lo fue durante la transición, y puede avanzar aún más en el camino de la perdida de nivel de la política. En las pasadas Elecciones de Catalunya ya apareció una pseudo opción de bajo nivel como Ciutadans haciendo bandera de una falsa opresión del castellano en Catalunya. En las próximas se puede dar el caso de la aparición de un “Laportismo-Liga Norte” que establezca que todos los problemas de Catalunya son culpa de una España abstracta, opresora y realmente inexistente. Eso vende y de paso se carga de una vez la apuesta del tripartito.