NUEVATRIBUNA.ES - 20.7.2010
Parece que ha llegado el momento de todos aquellos que durante mucho tiempo han estado deseando hincarle el diente al pastel de las Cajas de Ahorros. Y cabe decir que han necesitado mucho tiempo y que ahora la crisis financiera les da la oportunidad para hacer realidad lo que hasta ahora se les había negado....
A principios de los años 80 del siglo pasado titulé un artículo en El País, “La Bancarización de las Cajas de Ahorro”, que por cierto me costó un expediente de despido posteriormente sobreseído, en el cual ya denunciaba el intento de apoderarse de las Cajas. Años después en pleno Gobierno del PSOE, Carlos Solchaga dio vida a las cuotas participativas, que ya fueron contestadas por el sindicalismo de clase, en especial CCOO como sindicato mayoritario, como un intento para iniciar la privatización de las Cajas. Se decía entonces y ahora se demuestra que: “se comienza por crear unas cuotas sin derechos políticos y después se les dan esos derechos al plantear el hecho de ¿Cómo no van a tener derechos quienes se juegan su capital?
A pesar del intento, la cosa no pasó a mayores pues la ofensiva del sindicalismo dio por descontado que la Caja que emitiera cuotas participativas sería porque era una caja con problemas.
Con posterioridad el Gobierno del Partido Popular y el ministro Rato, intentaron darle un nuevo impulso que fue asimismo estéril, y únicamente una Caja con problemas, como se ha demostrado, la Caja de Ahorros del Mediterráneo emitió cuotas de ese tipo. Otras lo pensaron pero no se atrevieron a dar el paso.
Pero ahora sí. Ahora ha llegado el tanto tiempo y por tantos poderes deseado, momento de intentar una privatización en toda regla y de forma rápida, aprovechando el “totum revolutum” de la crisis financiera. Ahora por fin los bancos podrán respirar aliviados y comenzar a afilar sus dientes para hacerse con parte del pastel, ahora muchos poderes fácticos económicos, algunos vinculados al mundo mediático se preparan para entrar a degüello. Y ahora algunos gestores de grandes Cajas podrán intentar ser émulos de Botín y tratar de perpetuar su poder personal.
Ya no se trata sólo de las cuotas participativas con derechos políticos, sino de la posibilidad de convertir directamente las cajas en bancos. Y todo ello ante el más absoluto silencio que trata de que la sociedad no se dé cuenta del atraco que se le perpetra. Se van a privatizar y desaparecer como tales unas entidades financieras que hasta ahora, y por más de cien años, dedicaban una parte importante de sus beneficios al desarrollo de la sociedad, y lo que es más importante unas entidades que impedían la exclusión financiera de importantes sectores, los más débiles de la sociedad. Ahora ya todos serán como el Santander, aquí sólo los clientes que den beneficio, los otros no los queremos.
Y cabe preguntarse porque ante una situación como esta que afecta a la mitad de nuestro sistema financiero no hay quien diga nada. Pues porque los poderes políticos, todos los partidos con la honrosa excepción de IU e ICV, los poderes económicos, los propios poderes autonómicos muy afectados, los medios de comunicación, los públicos y especialmente los privados, todos ellos no tienen ningún interés en que se hable del tema. Así a las pocas voces que se han alzado en contra, los sindicatos confederales CCOO y UGT, los mencionados partidos IU e ICV, así como evidentemente los sindicalistas y trabajadores de las Cajas que son los que saben más del tema y serán los más afectados y algunas voces, pocas, del mundo académico, en la práctica se les ha silenciado su voz,.
Es especialmente curioso que desde donde escribo, desde Catalunya, el Conseller de Economía, el inefable Castells, alabe la reforma, y diga que se ha seguido el ejemplo de la regulación catalana. Sólo cabe decir que es un falsario, eso será en cuanto a la presencia de políticos, pero porque no dice nada de la privatización que comporta, acaso el poder de la Caixa y de sus directivos hacen que el pobre conseller sea incapaz incluso de defender las competencias autonómicas. Sí, esas competencias que consagra el Estatut, que han movilizado a un millón de personas y que van más allá de aspectos identitarios, lo que parece ignorar el buen conseller.
Bien parece que esto es imparable ante el consenso de tantas hienas, comenzando por un Gobierno noqueado y un PSOE que ha perdido toda su conciencia social, hasta un PP regocijado, un Banco de España inspirador y promotor del proceso, hasta llegar a unos muñidores infiltrados en el mundo de las Cajas, como Fainé y Rato, pasando por CiU, PNV y tantos otros, entre ellos todo el mundo mediático. ¿Se entiende ahora el relevo en la presidencia de la CECA? y ¿ El pacto PSOE –PP para entronizar a Fainé en la Presidencia, acompañado de Rato?. “I tutti contenti”. Ya dijo con precisión Isidre Fainé que él sólo quería ser Presidente de la CECA por dos años. Por lo visto no necesitará más para enterrar las Cajas. Será algo que toda la sociedad lamentará eternamente.
20 de jul. 2010
29 de juny 2010
Una grave dificultad para el encaje de Catalunya en España
NUEVATRIBUNA.ES - 29.6.2010
Parece que en nuestro país nos gusta jugar con elementos tan sensibles y delicados como la consideración nacional de un territorio. Hay una mayoría de la ciudadanía catalana y de la que habita en otras partes del Estado que considera que España es una realidad plurinacional, sin que ello signifique cuestionar la unidad sino qué tipo de unidad queremos.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional recortando el Estatut de Catalunya pone en una grave situación el encaje de Catalunya dentro del conjunto de España.
No hay duda de que hoy por hoy existe una mayoría de catalanes, es decir, de personas que viven y trabajan en Catalunya, que es partidaria de un camino conjunto con el resto del Estado. Sin embargo, de la misma manera podemos afirmar que la gran mayoría de la sociedad catalana, de sus partidos, instituciones y agentes sociales consideran que Catalunya es una nación. Esta consideración del carácter nacional no se ha cuestionado desde la transición, y sólo una exigua minoría lo discute dentro de la comunidad. Una amplia mayoría lo ha respaldado a través de todos sus Parlamentos elegidos a lo largo de los años, y el lema “Som una nació”, bajo el que se manifestó desde los primeros años de la transición la sociedad catalana, es una realidad difícilmente cuestionable.
Catalunya hizo una apuesta con el nuevo Estatut por un intento de mejorar el encaje dentro del conjunto del estado a partir de considerar que la Constitución no tenía sólo una lectura restrictiva sino que el espíritu constitucional permitía una lectura abierta y federalizante. La mayoría del actual Tribunal Constitucional, de dudosa legitimidad, ha considerado lo contrario, pero es evidente que es difícil que la sentencia de un tribunal logre cambiar la realidad de una sociedad, en este caso la de la catalana.
El fallo del Tribunal cita hasta ocho veces la definición de “indisoluble” aplicada a la unidad de España. Por mucho que se cite ello no comporta que lo pueda garantizar. La unidad del Estado pasa fundamentalmente por la voluntad política y social de sus ciudadanos. Y en este caso la indisolubilidad supone impedir un encaje constitucional, como era el Estatut, avalado por el Parlament de Catalunya, las Cortes del Estado y el Referéndum del pueblo de Catalunya,. Más que ayudar a mantener esa unidad, lo único que potencia es que se difunda un sentido cada vez mayor de insatisfacción en la sociedad catalana en lo referente al vínculo con el resto del Estado. Es evidente que aparte de los retrógrados del PP, los más satisfechos con esta sentencia son los independentistas a quienes va a ayudar a ampliar su espectro social.
Cada vez se oyen más en Catalunya frases del tipo de “si no nos quieren mejor nos vamos” en referencia a España, y es que se siente que existe una cierta animadversión, muy voceada por determinados medios centralistas, hacia todo lo que suene a catalán.
A los catalanes les ofende que se cuestione que “Catalunya es una nación” que “el 11 de setiembre es la Diada Nacional de Catalunya”, que “Els Segadors es el Himno nacional de Catalunya” y que “las cuatro barras” son la bandera nacional de Catalunya. Poner en tela de juicio estas cuestiones tan enraizadas en los sentimientos puede provocar un grave alejamiento de la sociedad catalana respecto al resto del Estado. Hay un hecho histórico que puede darnos una idea de lo que es esa realidad catalana: cuando en plena clandestinidad se fundaron las Comisiones Obreras de Catalunya, se les puso como nombre “Comissió Obrera Nacional de Catalunya” y eso que se trataba de una organización obrera creada en gran parte por dirigentes provenientes de la emigración y que se creó en pleno franquismo.
Parece que en nuestro país nos gusta jugar con elementos tan sensibles y delicados como la consideración nacional de un territorio. Hay una mayoría de la ciudadanía catalana y de la que habita en otras partes del Estado que considera que España es una realidad plurinacional, sin que ello signifique cuestionar la unidad sino qué tipo de unidad queremos: una voluntaria o una impuesta que nos someta por obligación.
Si mirásemos al exterior, veríamos otras realidades que en España, hoy por hoy, causarían escándalo. En Alemania, estado federal, existe el llamado Estado Libre de Baviera y nadie se rasga las vestiduras. Aún más, en Estados Unidos, en el Estado de Arizona, existe un Territorio Nacional Navajo. Y aquí pretendemos distinguir entre nación y nacionalidad, como si nadie recordara que el término nacionalidad fue el producto de unos aparatos del estado franquista durante las deliberaciones para redactar la Constitución y que se escribió nacionalidad donde todos sabían que se quería decir nación para reconocer el estado plurinacional que toda la oposición democrática había defendido.
El día 10 de julio el pueblo de Catalunya demostrará en la calle cual es su opinión cuasi unánime.
Parece que en nuestro país nos gusta jugar con elementos tan sensibles y delicados como la consideración nacional de un territorio. Hay una mayoría de la ciudadanía catalana y de la que habita en otras partes del Estado que considera que España es una realidad plurinacional, sin que ello signifique cuestionar la unidad sino qué tipo de unidad queremos.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional recortando el Estatut de Catalunya pone en una grave situación el encaje de Catalunya dentro del conjunto de España.
No hay duda de que hoy por hoy existe una mayoría de catalanes, es decir, de personas que viven y trabajan en Catalunya, que es partidaria de un camino conjunto con el resto del Estado. Sin embargo, de la misma manera podemos afirmar que la gran mayoría de la sociedad catalana, de sus partidos, instituciones y agentes sociales consideran que Catalunya es una nación. Esta consideración del carácter nacional no se ha cuestionado desde la transición, y sólo una exigua minoría lo discute dentro de la comunidad. Una amplia mayoría lo ha respaldado a través de todos sus Parlamentos elegidos a lo largo de los años, y el lema “Som una nació”, bajo el que se manifestó desde los primeros años de la transición la sociedad catalana, es una realidad difícilmente cuestionable.
Catalunya hizo una apuesta con el nuevo Estatut por un intento de mejorar el encaje dentro del conjunto del estado a partir de considerar que la Constitución no tenía sólo una lectura restrictiva sino que el espíritu constitucional permitía una lectura abierta y federalizante. La mayoría del actual Tribunal Constitucional, de dudosa legitimidad, ha considerado lo contrario, pero es evidente que es difícil que la sentencia de un tribunal logre cambiar la realidad de una sociedad, en este caso la de la catalana.
El fallo del Tribunal cita hasta ocho veces la definición de “indisoluble” aplicada a la unidad de España. Por mucho que se cite ello no comporta que lo pueda garantizar. La unidad del Estado pasa fundamentalmente por la voluntad política y social de sus ciudadanos. Y en este caso la indisolubilidad supone impedir un encaje constitucional, como era el Estatut, avalado por el Parlament de Catalunya, las Cortes del Estado y el Referéndum del pueblo de Catalunya,. Más que ayudar a mantener esa unidad, lo único que potencia es que se difunda un sentido cada vez mayor de insatisfacción en la sociedad catalana en lo referente al vínculo con el resto del Estado. Es evidente que aparte de los retrógrados del PP, los más satisfechos con esta sentencia son los independentistas a quienes va a ayudar a ampliar su espectro social.
Cada vez se oyen más en Catalunya frases del tipo de “si no nos quieren mejor nos vamos” en referencia a España, y es que se siente que existe una cierta animadversión, muy voceada por determinados medios centralistas, hacia todo lo que suene a catalán.
A los catalanes les ofende que se cuestione que “Catalunya es una nación” que “el 11 de setiembre es la Diada Nacional de Catalunya”, que “Els Segadors es el Himno nacional de Catalunya” y que “las cuatro barras” son la bandera nacional de Catalunya. Poner en tela de juicio estas cuestiones tan enraizadas en los sentimientos puede provocar un grave alejamiento de la sociedad catalana respecto al resto del Estado. Hay un hecho histórico que puede darnos una idea de lo que es esa realidad catalana: cuando en plena clandestinidad se fundaron las Comisiones Obreras de Catalunya, se les puso como nombre “Comissió Obrera Nacional de Catalunya” y eso que se trataba de una organización obrera creada en gran parte por dirigentes provenientes de la emigración y que se creó en pleno franquismo.
Parece que en nuestro país nos gusta jugar con elementos tan sensibles y delicados como la consideración nacional de un territorio. Hay una mayoría de la ciudadanía catalana y de la que habita en otras partes del Estado que considera que España es una realidad plurinacional, sin que ello signifique cuestionar la unidad sino qué tipo de unidad queremos: una voluntaria o una impuesta que nos someta por obligación.
Si mirásemos al exterior, veríamos otras realidades que en España, hoy por hoy, causarían escándalo. En Alemania, estado federal, existe el llamado Estado Libre de Baviera y nadie se rasga las vestiduras. Aún más, en Estados Unidos, en el Estado de Arizona, existe un Territorio Nacional Navajo. Y aquí pretendemos distinguir entre nación y nacionalidad, como si nadie recordara que el término nacionalidad fue el producto de unos aparatos del estado franquista durante las deliberaciones para redactar la Constitución y que se escribió nacionalidad donde todos sabían que se quería decir nación para reconocer el estado plurinacional que toda la oposición democrática había defendido.
El día 10 de julio el pueblo de Catalunya demostrará en la calle cual es su opinión cuasi unánime.
21 de juny 2010
Es imprescindible una nueva fuerza política a la izquierda del PSOE
NUEVATRIBUNA.ES - 21.6.2010
Hoy se ha perdido en nuestro país el referente político más importante numéricamente a la izquierda. Y lamentablemente no se vislumbra alternativa, ni mayoritaria ni minoritaria, en el ámbito del Estado
Los últimos acontecimientos políticos han puesto nuevamente de relieve la necesidad imperiosa de la existencia de una nueva fuerza política a la izquierda del PSOE. Es evidente que el Gobierno de Zapatero ha demostrado la escasa fiabilidad de su partido que sin el más mínimo rechistar ha efectuado un cambio radical de 180 grados en su política laboral, lo que sumado a la nula política fiscal progresista, a su falta de interés en los temas medio ambientales, su renuncia a la lucha hacia un estado federal, etc., demuestran la fragilidad de sus convicciones progresistas. Estas se ven relegadas ahora ya únicamente a algunos temas relativos a los derechos individuales de las personas, pero siendo incapaz de afrontar seriamente el papel de la iglesia, en un estado no confesional, y desmantelando entes públicos básicos como la radio y televisión públicas.
Hoy por hoy tenemos una fuerza política mayoritaria de izquierdas totalmente desarbolada sin el más mínimo discurso ideológico que enfrente a la derecha, y en una situación de desarme y derrota ante la hegemonía de los poderes de la derecha. Como mínimo cabría exigir a Zapatero que fuera honrado y que explicara claro a la ciudadanía su debilidad, como le planteaba en su artículo del lunes Almudena Grandes en “El País”, que nos diga honradamente que no ha podido resistir más las presiones.
Hoy se ha perdido en nuestro país el referente político más importante numéricamente a la izquierda. Y lamentablemente no se vislumbra alternativa, ni mayoritaria ni minoritaria, en el ámbito del Estado, ya que la supuesta izquierda unida continúa dando ejemplo de desunión y eliminando a la gente con un mínimo de credibilidad díganse Llamazares, Sabanés, o como se diga.
En otros ámbitos sólo subsisten formaciones con vocación de futuro rojo y verde en Catalunya, donde Iniciativa per Catalunya parece tener un espacio consolidado pero falto de un referente estatal. Y este referente estatal es imprescindible y es posible. Es evidente que en España hay un espacio ideológico de gente que querría votar a una izquierda moderna pero ideológicamente solvente que aúne los viejos y los nuevos problemas sociales, que aúne la defensa del trabajo con la defensa ambiental y haga de la defensa de una sociedad más justa y sostenible el eje de su discurso político. Hay mucha gente en nuestro país que cree en la necesidad de defender y luchar por un modelo de producción más eficiente, productivo y basado en salarios y empleos dignos; Hay mucha gente que quiere continuar defendiendo lo público, desde la sanidad a la educación. Hay mucha gente que quiere luchar por una sociedad laica y que acoja como se debe a una emigración imprescindible para nuestro futuro. Hay mucha gente que desea la defensa de los principios éticos como la recuperación de la memoria histórica y una practica política honrada y decente. Hay mucha gente que defiende la necesidad de un futuro federal y republicano. Hay mucha gente que quiere defender un futuro social, económico y ecológicamente sostenible. En definitiva hay mucha gente que estaría encantada de formar parte de una formación política de izquierdas, realmente socialista, ecologista.
Y sin duda sabemos donde está hoy mucha de esta gente, en muchos casos descorazonada o pesimista, pero existe. Hay en nuestro país una izquierda social aún viva alrededor del movimiento sindical, en CCOO y también en UGT. Hay mucho militante de izquierdas honrado y con voluntad tanto en el PSOE como en Izquierda Unida o sin partido. Hay mucho defensor ecológico aislado o sin vinculación política. Hay mucha juventud desorientada pero con ganas de buscar una dirección.
Y nos demuestran que en nuestro país aún hay vida a la izquierda hechos como los acaecidos alrededor del juez Garzón, en la recuperación del aire de libertad que en su momento pudo representar los ideales de la República etc.
En los momentos duros que vamos a tener que afrontar es preciso que se dé el paso al frente, porque aún hay gente capaz de levantar un proyecto político creíble y sin duda precisamos de gente con crédito para encabezarlo, y sin duda se llevarían una sorpresa de la capacidad de reacción que aun existe en nuestra sociedad.
Cabe decir que desde donde escribo, en Catalunya, aún se mantiene un embrión de esperanza, a partir de una formación que supo hacer una transición difícil y dura desde una organización comunista como era el PSUC a otra aún roja y verde, social y ecológicamente progresista, como ICV, que a pesar de ser pequeña es ya realmente existente, como lo demuestra el hecho de la furia con que la combaten los poderes fácticos de la derecha, como la Vanguardia, el medio de comunicación más representativo de los poderes fácticos en Catalunya.
Ahora, después de la decepción de Zapatero, de la falta de discurso de futuro de IU, es hora que desde la base social existente se pongan los cimientos de una nueva izquierda que el país necesita que sin la necesidad de voluntad de ser hegemónica en cantidad lo sea en hacer un discurso claro, moderno y fuerte de izquierdas. Lo necesitamos.
Hoy por hoy tenemos una fuerza política mayoritaria de izquierdas totalmente desarbolada sin el más mínimo discurso ideológico que enfrente a la derecha, y en una situación de desarme y derrota ante la hegemonía de los poderes de la derecha. Como mínimo cabría exigir a Zapatero que fuera honrado y que explicara claro a la ciudadanía su debilidad, como le planteaba en su artículo del lunes Almudena Grandes en “El País”, que nos diga honradamente que no ha podido resistir más las presiones.
Hoy se ha perdido en nuestro país el referente político más importante numéricamente a la izquierda. Y lamentablemente no se vislumbra alternativa, ni mayoritaria ni minoritaria, en el ámbito del Estado, ya que la supuesta izquierda unida continúa dando ejemplo de desunión y eliminando a la gente con un mínimo de credibilidad díganse Llamazares, Sabanés, o como se diga.
En otros ámbitos sólo subsisten formaciones con vocación de futuro rojo y verde en Catalunya, donde Iniciativa per Catalunya parece tener un espacio consolidado pero falto de un referente estatal. Y este referente estatal es imprescindible y es posible. Es evidente que en España hay un espacio ideológico de gente que querría votar a una izquierda moderna pero ideológicamente solvente que aúne los viejos y los nuevos problemas sociales, que aúne la defensa del trabajo con la defensa ambiental y haga de la defensa de una sociedad más justa y sostenible el eje de su discurso político. Hay mucha gente en nuestro país que cree en la necesidad de defender y luchar por un modelo de producción más eficiente, productivo y basado en salarios y empleos dignos; Hay mucha gente que quiere continuar defendiendo lo público, desde la sanidad a la educación. Hay mucha gente que quiere luchar por una sociedad laica y que acoja como se debe a una emigración imprescindible para nuestro futuro. Hay mucha gente que desea la defensa de los principios éticos como la recuperación de la memoria histórica y una practica política honrada y decente. Hay mucha gente que defiende la necesidad de un futuro federal y republicano. Hay mucha gente que quiere defender un futuro social, económico y ecológicamente sostenible. En definitiva hay mucha gente que estaría encantada de formar parte de una formación política de izquierdas, realmente socialista, ecologista.
Y sin duda sabemos donde está hoy mucha de esta gente, en muchos casos descorazonada o pesimista, pero existe. Hay en nuestro país una izquierda social aún viva alrededor del movimiento sindical, en CCOO y también en UGT. Hay mucho militante de izquierdas honrado y con voluntad tanto en el PSOE como en Izquierda Unida o sin partido. Hay mucho defensor ecológico aislado o sin vinculación política. Hay mucha juventud desorientada pero con ganas de buscar una dirección.
Y nos demuestran que en nuestro país aún hay vida a la izquierda hechos como los acaecidos alrededor del juez Garzón, en la recuperación del aire de libertad que en su momento pudo representar los ideales de la República etc.
En los momentos duros que vamos a tener que afrontar es preciso que se dé el paso al frente, porque aún hay gente capaz de levantar un proyecto político creíble y sin duda precisamos de gente con crédito para encabezarlo, y sin duda se llevarían una sorpresa de la capacidad de reacción que aun existe en nuestra sociedad.
Cabe decir que desde donde escribo, en Catalunya, aún se mantiene un embrión de esperanza, a partir de una formación que supo hacer una transición difícil y dura desde una organización comunista como era el PSUC a otra aún roja y verde, social y ecológicamente progresista, como ICV, que a pesar de ser pequeña es ya realmente existente, como lo demuestra el hecho de la furia con que la combaten los poderes fácticos de la derecha, como la Vanguardia, el medio de comunicación más representativo de los poderes fácticos en Catalunya.
Ahora, después de la decepción de Zapatero, de la falta de discurso de futuro de IU, es hora que desde la base social existente se pongan los cimientos de una nueva izquierda que el país necesita que sin la necesidad de voluntad de ser hegemónica en cantidad lo sea en hacer un discurso claro, moderno y fuerte de izquierdas. Lo necesitamos.
12 d’abr. 2010
Las graves consecuencias de una sentencia negativa del Constitucional al Estatut de Catalunya
NUEVATRIBUNA.ES - 12.4.2010
Que según el Tribunal Constitucional, cuestionado hoy en día en su propia legitimidad, se dictamine que el redactado del Estatut no cabe en la Constitución supondría lo mismo que decir que el pensamiento mayoritario de los catalanes no cabe en dicha Constitución.
Es posible que en la presente semana, después de cuatro años, pueda dictarse la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el PP y el Defensor del Pueblo, Sr. Múgica, contra el Estatut de Catalunya aprobado por el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales de España y ratificado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya
Al margen de otras consideraciones es evidente que una sentencia negativa o de recorte en los aspectos básicos del Estatut tendrá graves repercusiones políticas, y queremos centrarnos especialmente en lo referente a las relaciones Catalunya-España.
El Estatut es la propuesta y la apuesta política de quienes desde Catalunya quieren mantener unas relaciones de integración dentro de un Estado español plural y democrático. Es evidente que una gran mayoría del pueblo catalán da su apoyo a esta propuesta. Fuera de ella sólo quedan los partidarios de un estado centralizado, que son una reducida minoría en Catalunya y los partidarios de romper las relaciones con España, es decir los independentistas.
Si no es posible una relación política como la que se establece en el Estatut, de claro contenido federalista es evidente que se abre un abismo entre Catalunya y España. Que según el Tribunal Constitucional, cuestionado hoy en día en su propia legitimidad (ver artículo anterior “Un Tribunal Constitucional falto de legitimidad”), se dictamine que el redactado del Estatut no cabe en la Constitución supondría lo mismo que decir que el pensamiento mayoritario de los catalanes no cabe en dicha Constitución. Y eso conlleva una difícil disyuntiva: o se establece una reforma constitucional que lo permita, hoy por hoy y a la vista de la posición del PP difícil de preveer, o se abre la vía a una superación de las vías constitucionales a través del derecho a decidir del pueblo de Catalunya, es decir se abre la vida al independentismo.
Parece que fuera de Catalunya no se entienda que el grado de desafección respecto a España, el hecho de considerar que no se les comprende, crece cada día en Catalunya. Y es evidente que se da no sólo en los catalanes de rancia cuna, sino en una gran cantidad de catalanes que o proceden o son de origen de otras partes del estado.
Poca gente en Catalunya cuestiona el carácter nacional de ésta, ni el de sus símbolos nacionales, la bandera, el himno etc., y ello no cuestiona la pertenencia a España. Es precisamente al cuestionar esos símbolos y la propia concepción nacional de Catalunya cuando se está favoreciendo la ruptura. La concepción nacional de Catalunya y el carácter plurinacional de España es una concepción mayoritaria en Catalunya desde la lucha por las libertades democráticas. El grito de “Som una Nació” (Somos una Nación) fue un grito compartido por todas las fuerzas políticas de peso en Catalunya en el periodo de la transición, por tanto no es nada nuevo.
Como dice, acertadamente, Santiago Carrillo en la constitución se utilizó el eufemismo nacionalidades para evitar la mención naciones que incomodaba a los entonces poderes fácticos. Lo que no es admisible es que ahora décadas después de aquellos tiempos no sólo no hayamos avanzado en que las cosas se llamen por su nombre sino que hemos sufrido un lamentable retroceso.
Y retroceso es desde Catalunya comprobar que hoy en día es cada vez más difícil la relación con los sectores progresistas del Estado. Que donde antes había complicidad haya ahora el vacío, con excepciones como la ya citada de Carrillo o Herrero de Miñón. Que no se atreva nadie a pugnar contra la concepción hegemónica y unitarista de la derecha que cada vez se muestra más rancia y lanzada a la ofensiva. La izquierda y los sectores progresistas españoles parece que piensen que para defender su permanencia no pueden oponerse a los elementos hegemónicos de la ideología y de la ofensiva de la derecha, desde su concepción del Estado, hasta su dominio de la justicia y tantos otros aspectos.
Simplemente quisiera finalizar diciendo que el prólogo del Estatut determina que una amplia mayoría del pueblo de Catalunya a través de su Parlamento tiene una concepción de Catalunya como nación. Esto es una realidad que nadie ni el Tribunal Constitucional puede cambiar y que nadie pretende que se comparta, por ello no está en los artículos del Estatut. Pero todo el mundo debe comprender que Catalunya tampoco aceptará menos y que ya sería hora que tanto desde Catalunya como desde el conjunto de España se lanzara una ofensiva para conseguir una hegemonía política e ideológica que defienda que el país se convierta en un Estado Federal. En caso contrario y frente a las tentaciones de unitarismo la puerta del independentismo será cada vez más atractiva para la sociedad catalana.
15 de març 2010
Catalunya y la electricidad tercermundista
NUEVATRIBUNA.ES - 15.3.2010
. Hemos vivido unos años en que la falta de inversión ha ido acompañada de un crecimiento del beneficio y la cotización de le empresa, especialmente durante la subasta de la venta de ENDESA por parte del nefasto señor Pizarro, y los beneficios multimillonarias que algunos consiguieron con una sobrevaloración de una empresa, mientras se descuidaba de forma grave sus responsabilidades.
El pasado 8 de marzo cayó en Catalunya una fuerte tempestad de nieve y viento que provocó durante unas horas un fuerte colapso en los servicios públicos de todo tipo. En definitiva una situación que cabría calificar de normal en una zona donde este tipo de tempestades no se dan con frecuencia. La mayoría de los servicios se reanudaron al cabo de las primeras veinticuatro horas de forma generalizada, quedando, como siempre, algunas zonas más aisladas donde la normalidad tardó más en llegar.
Y decimos la mayoría de los servicios porque uno, la electricidad, ha tardado más de una semana en recuperarse en amplias zonas de la Costa Brava en Girona. Y esta recuperación no es aún total, todavía hoy quedan usuarios sin electricidad en algunas poblaciones y en otras una gran parte está cubierta de forma precaria, con generadores.
Esta situación es incomprensible y difícil de aceptar socialmente. Hemos visto como decenas de torres de alta tensión aparecían rotas como si fueran de papel, otras caídas, lo cual provocó a su vez problemas en las comunicaciones, tanto por carretera como, aún más, por ferrocarril. Y decimos por carretera porque en la autopista de peaje que une Barcelona con la frontera, no sólo hubo el problema del cierre de la frontera, por parte de las autoridades francesas, y de la propia nieve, sino que hasta tres torres de alta tensión cayeron sobre esta vía de circulación. Asimismo la caída eléctrica provocó que la circulación de trenes se suspendiera en Girona casi durante cuarenta y ocho horas.
El problema del suministro eléctrico es ya una constante en Catalunya. Sólo basta recordar la gran apagada en que se sumió gran parte de Barcelona ciudad, durante varios días hace poco tiempo. El problema es uno. Las compañías eléctricas, en especial la mayoritaria Endesa, llevan demasiado tiempo sin efectuar las debidas inversiones en la adecuada conservación de la red de alta, media y baja tensión. Ello junto con la política de adelgazamiento de la empresa que ha comportada una catarata de externalización de sus funciones, especialmente el mantenimiento, y la perdida de calidad en el dicho servicio troceado entre una multitud de contratas y subcontratas.
Hemos vivido unos años en que la falta de inversión ha ido acompañada de un crecimiento del beneficio y la cotización de le empresa, especialmente durante la subasta de la venta de ENDESA por parte del nefasto señor Pizarro, y los beneficios multimillonarias que algunos consiguieron con una sobrevaloración de una empresa, mientras se descuidaba de forma grave sus responsabilidades. Y ahora nos encontramos con una red ineficiente y faltada del más mínimo mantenimiento y que a la mínima anormalidad atmosférica se hunde como un gigante con pies de barro.
Y encima la dirección de Endesa intenta justificarse, tirando pelotas fuera, diciendo que el problema es debido a que no se ha construido la línea de Muy Alta Tensión (MAT), cuyo objetivo es enlazar mediante la muy alta tensión nuestra red electrica con la francesa, y así crear una vía que permita en transito por nuestro país hasta Marruecos del exceso de producción de electricidad nuclear de Francia.
En definitiva que los señores de Endesa han intentado justificar su ineficacia escudándose en la falta de construcción de la línea de la MAT. Y algún alto representante político como el President Montilla les ha hecho el eco.
Sería bueno no marear la perdiz ni confundir los debates. Una cosa es el tema, muy polémico en Catalunya sobre el trazado y la conveniencia de la red de la MAT y otra muy diferente la situación vivida con la electricidad a raíz de la nevada del día 8. El problema no ha sido que hubiera una falta de capacidad de suministro de electricidad, sino que la caída de las torres de alta, media y baja tensión que ha provocado que más de 200.000 personas hayan vivido más de una semana a oscuras. Dándose el caso que junto a un pueblo o ciudad sin electricidad hubiera otro con toda la luz. En definitiva el problema actual no tiene nada que ver con la necesidad o no de la MAT, que es otro tema, sino la realidad de una red eléctrica falta del más mínimo cuidado por parte de una empresas privadas, las cuales se han guiado únicamente por el objetivo de maximizar el beneficio, entre otras formas a partir de la reducción de costes e inversiones.
Lo que puede que si debiera ser un tema a discutir o reflexionar, a la vista de lo que ha sucedido, es si ha sido positiva la privatización de los servicios públicos. Hasta alcaldes de CiU afectados pedían irónicamente estos días una renacionalización del servicio eléctrico. Vivir para ver. Por cierto en la vecina Francia el servicio eléctrico aún es público. Aquí mientras ENDESA está hoy en manos italianas. Contentos estarán Pizarro y Esperanza Aguirre que en su momento dijeron: Endesa mejor alemana que catalana.
Y decimos la mayoría de los servicios porque uno, la electricidad, ha tardado más de una semana en recuperarse en amplias zonas de la Costa Brava en Girona. Y esta recuperación no es aún total, todavía hoy quedan usuarios sin electricidad en algunas poblaciones y en otras una gran parte está cubierta de forma precaria, con generadores.
Esta situación es incomprensible y difícil de aceptar socialmente. Hemos visto como decenas de torres de alta tensión aparecían rotas como si fueran de papel, otras caídas, lo cual provocó a su vez problemas en las comunicaciones, tanto por carretera como, aún más, por ferrocarril. Y decimos por carretera porque en la autopista de peaje que une Barcelona con la frontera, no sólo hubo el problema del cierre de la frontera, por parte de las autoridades francesas, y de la propia nieve, sino que hasta tres torres de alta tensión cayeron sobre esta vía de circulación. Asimismo la caída eléctrica provocó que la circulación de trenes se suspendiera en Girona casi durante cuarenta y ocho horas.
El problema del suministro eléctrico es ya una constante en Catalunya. Sólo basta recordar la gran apagada en que se sumió gran parte de Barcelona ciudad, durante varios días hace poco tiempo. El problema es uno. Las compañías eléctricas, en especial la mayoritaria Endesa, llevan demasiado tiempo sin efectuar las debidas inversiones en la adecuada conservación de la red de alta, media y baja tensión. Ello junto con la política de adelgazamiento de la empresa que ha comportada una catarata de externalización de sus funciones, especialmente el mantenimiento, y la perdida de calidad en el dicho servicio troceado entre una multitud de contratas y subcontratas.
Hemos vivido unos años en que la falta de inversión ha ido acompañada de un crecimiento del beneficio y la cotización de le empresa, especialmente durante la subasta de la venta de ENDESA por parte del nefasto señor Pizarro, y los beneficios multimillonarias que algunos consiguieron con una sobrevaloración de una empresa, mientras se descuidaba de forma grave sus responsabilidades. Y ahora nos encontramos con una red ineficiente y faltada del más mínimo mantenimiento y que a la mínima anormalidad atmosférica se hunde como un gigante con pies de barro.
Y encima la dirección de Endesa intenta justificarse, tirando pelotas fuera, diciendo que el problema es debido a que no se ha construido la línea de Muy Alta Tensión (MAT), cuyo objetivo es enlazar mediante la muy alta tensión nuestra red electrica con la francesa, y así crear una vía que permita en transito por nuestro país hasta Marruecos del exceso de producción de electricidad nuclear de Francia.
En definitiva que los señores de Endesa han intentado justificar su ineficacia escudándose en la falta de construcción de la línea de la MAT. Y algún alto representante político como el President Montilla les ha hecho el eco.
Sería bueno no marear la perdiz ni confundir los debates. Una cosa es el tema, muy polémico en Catalunya sobre el trazado y la conveniencia de la red de la MAT y otra muy diferente la situación vivida con la electricidad a raíz de la nevada del día 8. El problema no ha sido que hubiera una falta de capacidad de suministro de electricidad, sino que la caída de las torres de alta, media y baja tensión que ha provocado que más de 200.000 personas hayan vivido más de una semana a oscuras. Dándose el caso que junto a un pueblo o ciudad sin electricidad hubiera otro con toda la luz. En definitiva el problema actual no tiene nada que ver con la necesidad o no de la MAT, que es otro tema, sino la realidad de una red eléctrica falta del más mínimo cuidado por parte de una empresas privadas, las cuales se han guiado únicamente por el objetivo de maximizar el beneficio, entre otras formas a partir de la reducción de costes e inversiones.
Lo que puede que si debiera ser un tema a discutir o reflexionar, a la vista de lo que ha sucedido, es si ha sido positiva la privatización de los servicios públicos. Hasta alcaldes de CiU afectados pedían irónicamente estos días una renacionalización del servicio eléctrico. Vivir para ver. Por cierto en la vecina Francia el servicio eléctrico aún es público. Aquí mientras ENDESA está hoy en manos italianas. Contentos estarán Pizarro y Esperanza Aguirre que en su momento dijeron: Endesa mejor alemana que catalana.
13 de gen. 2010
Vic, un embrión de xenofobia en Catalunya
NUEVATRIBUNA.ES - 13.1.2010
Se quiere mano de obra emigrante que trabaje de día pero se querría que desapareciera después del trabajo. No gusta la presencia en “nuestras calles” del diferente. Nos gusta que se encargue de las faenas sucias que nosotros no queremos hacer, pero nos disgusta que frecuente los espacios públicos donde nosotros vivimos.
La reciente actuación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vic, que plantea no empadronar a los emigrantes sin visado, y por tanto denegarles la posibilidad de acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha causado una fuerte repercusión mediática que considero muy comprensible. Ya no se trata de posicionamientos xenófobos de tal o cual político, lo cual a pesar de no ser aceptable ya no es infrecuente, tampoco se trata de actuaciones xenófobas por parte de habitantes de alguna población, lo cual es lamentable pero que afortunadamente aún no es frecuente en Catalunya. Ahora se trata de un acuerdo de un Ayuntamiento como el de Vic, capital de la comarca de Osona, cuyo gobierno municipal está formado por CiU, el PSC y ERC, aplaudido por la xenófoba Plataforma por Cataluña (PxC), y sólo denunciado por la oposición de ICV y de la CUP (candidatura de unidad popular).
Hemos de situarnos en la población de Vic, centro de la Catalunya más tradicional, cerrada y conservadora y que se enorgullece de serlo en sus tres aspectos: tradicionalista, catalana y enraizadamente católica. En esta población de unas 40.000 personas, más de un 20% es emigración reciente, fundamentalmente magrebí, subsahariana y más recientemente latinoamericana. Esta emigración no se ha dirigido casualmente a Vic y a la comarca osonenca, es fruto del efecto llamada de las empresas de la comarca que demandaban trabajadores dispuestos a efectuar trabajos duros y en muchos casos no muy bien retribuidos, a destajo, en sectores como el de los mataderos o la construcción. Al demandar la venida de trabajadores emigrantes, en muchos casos no ha importado que fueran emigrantes legales o ilegales, al contrario, si eran ilegales la productividad era mayor al ser el salario inferior. Y durante todo este tiempo pocas quejas se han oído en Vic sobre este tipo de prácticas empresariales, ni tan sólo ahora se analizan las causas de la arribada de la emigración.
Como siempre, lo explica gráficamente la frase del erudito: “pedimos mano de obra y nos enviaron personas”, se produce una gran contradicción entre las necesidades económicas y la convivencia social. Se quiere mano de obra emigrante que trabaje de día pero se querría que desapareciera después del trabajo. No gusta la presencia en “nuestras calles” del diferente. Nos gusta que se encargue de las faenas sucias que nosotros no queremos hacer, pero nos disgusta que frecuente los espacios públicos donde nosotros vivimos.
Cabe decir que lo grave de este caso, no es sólo que se haya dado un comportamiento xenófobo, lo grave es que se haya efectuado por parte de una autoridad pública como es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, que lanza un mensaje muy nítido a la población, que trata de cosificar en el fenómeno de la emigración el responsable de los problemas de convivencia. Y que eso se haga simplemente por un bajo deseo electoralista que les lleve a renunciar a su responsabilidad de magisterio político respecto a la sociedad a la que representa.
No siempre han sido las cosas así en Vic. Durante el mandato del anterior alcalde, por cierto de Unió Democrática, es decir un gobierno conservador pero con sensibilidad hacia la realidad concreta de Vic, esta población fue un ejemplo sobre como establecer una educación equitativa y abierta al fenómeno inmigratorio. Así todas las escuelas de la ciudad unificaron su inscripción de forma que hubo un ejemplar reparto equitativo de inmigrantes en las escuelas. Ello se presentó como un ejemplo de cómo actuar en otras poblaciones y hasta inspiró el Pacto Nacional para la Educación de Catalunya (el espíritu del cual fue después traicionado en la Ley de Educación de Catalunya del conseller Maragall).
Sin embargo el primer edil no repitió mandato y en las elecciones municipales irrumpió con fuerza la xenófoba PxC, dirigida por Josep Anglada un hombre fuerte de Fuerza Nueva, con un programa totalmente racista que lo aupó hasta su conversión en segunda fuerza política de la ciudad. Para hacerle frente se formó un gobierno de concentración de los partidos democráticos desde CiU a ICV, pasando por PSC y ERC. Al poco tiempo ICV abandonó el gobierno municipal. Posteriormente, como ha pasado en otras lindes, como en Francia, hay quien ha pensado que para debilitar a la extrema derecha no hay nada mejor que adoptar parte de sus postulados. Y así el equipo del tripartito de centro, CIU, ERC y PSC ha adoptado una medida festejada por los ultras con un “ya lo decíamos nosotros”. Detrás de ello sólo hay miopes objetivos electorales a corto plazo, elecciones municipales del 2011. Posiblemente esta actuación no se daría si esta cuarta parte de ciudadanía emigrante de Vic tuviera derecho de voto, entonces seguramente se lo pensarían más.
Un último aspecto lamentable del tema es la hasta ahora tímida reacción de las cúpulas de los partidos de CiU, PSC y ERC en el ámbito de Catalunya. Hemos oído las condenas del Ministro de Trabajo, de la Vicepresidenta del Gobierno, de la dirección de ICV, de los sindicatos, de las entidades sociales, de SOS Racismo, pero ni Más, ni Puircercós, ni Montilla han dicho esa boca es mía, y eso es lamentable donde hasta ahora sólo el PP había hecho del ataque al emigrante un arma de política electoral.
Y por cierto, será casualidad que Vic y su comarca, el centro de la llamada Catalunya catalana, en contraposición a la Catalunya metropolitana, fue la zona de mayor efervescencia de las fallidas consultas soberanistas. Hoy sin duda se ha ganado el mérito de ser la capital de la xenofobia y el racismo en Catalunya.
Hemos de situarnos en la población de Vic, centro de la Catalunya más tradicional, cerrada y conservadora y que se enorgullece de serlo en sus tres aspectos: tradicionalista, catalana y enraizadamente católica. En esta población de unas 40.000 personas, más de un 20% es emigración reciente, fundamentalmente magrebí, subsahariana y más recientemente latinoamericana. Esta emigración no se ha dirigido casualmente a Vic y a la comarca osonenca, es fruto del efecto llamada de las empresas de la comarca que demandaban trabajadores dispuestos a efectuar trabajos duros y en muchos casos no muy bien retribuidos, a destajo, en sectores como el de los mataderos o la construcción. Al demandar la venida de trabajadores emigrantes, en muchos casos no ha importado que fueran emigrantes legales o ilegales, al contrario, si eran ilegales la productividad era mayor al ser el salario inferior. Y durante todo este tiempo pocas quejas se han oído en Vic sobre este tipo de prácticas empresariales, ni tan sólo ahora se analizan las causas de la arribada de la emigración.
Como siempre, lo explica gráficamente la frase del erudito: “pedimos mano de obra y nos enviaron personas”, se produce una gran contradicción entre las necesidades económicas y la convivencia social. Se quiere mano de obra emigrante que trabaje de día pero se querría que desapareciera después del trabajo. No gusta la presencia en “nuestras calles” del diferente. Nos gusta que se encargue de las faenas sucias que nosotros no queremos hacer, pero nos disgusta que frecuente los espacios públicos donde nosotros vivimos.
Cabe decir que lo grave de este caso, no es sólo que se haya dado un comportamiento xenófobo, lo grave es que se haya efectuado por parte de una autoridad pública como es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, que lanza un mensaje muy nítido a la población, que trata de cosificar en el fenómeno de la emigración el responsable de los problemas de convivencia. Y que eso se haga simplemente por un bajo deseo electoralista que les lleve a renunciar a su responsabilidad de magisterio político respecto a la sociedad a la que representa.
No siempre han sido las cosas así en Vic. Durante el mandato del anterior alcalde, por cierto de Unió Democrática, es decir un gobierno conservador pero con sensibilidad hacia la realidad concreta de Vic, esta población fue un ejemplo sobre como establecer una educación equitativa y abierta al fenómeno inmigratorio. Así todas las escuelas de la ciudad unificaron su inscripción de forma que hubo un ejemplar reparto equitativo de inmigrantes en las escuelas. Ello se presentó como un ejemplo de cómo actuar en otras poblaciones y hasta inspiró el Pacto Nacional para la Educación de Catalunya (el espíritu del cual fue después traicionado en la Ley de Educación de Catalunya del conseller Maragall).
Sin embargo el primer edil no repitió mandato y en las elecciones municipales irrumpió con fuerza la xenófoba PxC, dirigida por Josep Anglada un hombre fuerte de Fuerza Nueva, con un programa totalmente racista que lo aupó hasta su conversión en segunda fuerza política de la ciudad. Para hacerle frente se formó un gobierno de concentración de los partidos democráticos desde CiU a ICV, pasando por PSC y ERC. Al poco tiempo ICV abandonó el gobierno municipal. Posteriormente, como ha pasado en otras lindes, como en Francia, hay quien ha pensado que para debilitar a la extrema derecha no hay nada mejor que adoptar parte de sus postulados. Y así el equipo del tripartito de centro, CIU, ERC y PSC ha adoptado una medida festejada por los ultras con un “ya lo decíamos nosotros”. Detrás de ello sólo hay miopes objetivos electorales a corto plazo, elecciones municipales del 2011. Posiblemente esta actuación no se daría si esta cuarta parte de ciudadanía emigrante de Vic tuviera derecho de voto, entonces seguramente se lo pensarían más.
Un último aspecto lamentable del tema es la hasta ahora tímida reacción de las cúpulas de los partidos de CiU, PSC y ERC en el ámbito de Catalunya. Hemos oído las condenas del Ministro de Trabajo, de la Vicepresidenta del Gobierno, de la dirección de ICV, de los sindicatos, de las entidades sociales, de SOS Racismo, pero ni Más, ni Puircercós, ni Montilla han dicho esa boca es mía, y eso es lamentable donde hasta ahora sólo el PP había hecho del ataque al emigrante un arma de política electoral.
Y por cierto, será casualidad que Vic y su comarca, el centro de la llamada Catalunya catalana, en contraposición a la Catalunya metropolitana, fue la zona de mayor efervescencia de las fallidas consultas soberanistas. Hoy sin duda se ha ganado el mérito de ser la capital de la xenofobia y el racismo en Catalunya.
11 de des. 2009
ICV, la izquierda dentro del tripartito catalán
NUEVATRIBUNA.ES - 11.12.2009
Los hechos demuestran que ICV-EUiA es la fuerza política de izquierda dentro de la coalición de centro-izquierda y nacionalista del gobierno tripartito catalán. Y lo ha demostrado tanto en los temas en los que tiene responsabilidad propia dentro del ejecutivo catalán, como en las discrepancias que ha tenido con sus socios de gobierno...
...Entre los primeros, dos ejemplos. Uno es la actuación transparente en el ámbito de la policía autonómica con la instauración de cámaras en todas las comisarías de los Mossos d’Esquadra. A pesar de las críticas de algunos sindicatos corporativos se ha demostrado el acierto de la medida. Las cámaras salvaguardan tanto los derechos de los detenidos, como los de los propios agentes policiales. Preservan que no haya maltratos ni que haya falsas acusaciones de maltratos. La medida ha merecido ser destacada como ejemplo por Amnistía Internacional. Y se ha demostrado con esta y otras medidas que es posible hacer políticas de izquierda en departamentos conflictivos, como el de Interior, que se basen en garantizar los derechos ciudadanos de todos. Joan Saura puede estar satisfecho, y ello pese a las críticas de quien, como Cayo Lara, piensa que un socio pequeño no puede asumir responsabilidades importantes, críticas que coinciden con las que de forma continuada ha sufrido el conseller por parte de la derecha política y mediática.
Otro ejemplo se puede ver en la política de reducción de la velocidad en la entrada a las ciudades que ha conseguido el reconocimiento por parte de la Unión Europea al mejor de los 35 proyectos presentados a nivel europeo. El premio se ha concedido por lo que la medida supone de aporte a la reducción de la accidentabilidad y de impulso a la sostenibilidad ambiental. Cabe decir que este premio europeo ha sido obviado por los medios de comunicación, especialmente por “La Vanguardia” portavoz de los poderes empresariales catalanes, que llevo a cabo una virulenta campaña contra la medida i contra ICV.
En los que se refiere a las discrepancias de ICV en el seno del tripartito, éstas se deben en todos los casos a mantener coherentemente propuestas de izquierdas y ser consecuente con ellas. Tres ejemplos bastan para dejarlo claro. En primer lugar la oposición de ICV a la Ley de Educación de Catalunya. Esta ley contradice el Pacto Nacional por la Educación suscrito por el anterior gobierno tripartito de Maragall. Básicamente las diferencias de ICV y del conjunto de la comunidad educativa (sindicatos, movimientos de renovación pedagógica y Asociaciones de padres) con la ley aprobada con los votos del PSC, ERC y CiU, está en el hecho de que se mantienen las dos redes de educación la pública y la concertada con diferentes obligaciones, y esto contradice lo que se firmó en el Pacto Nacional. Para ver la contradicción basta ver el hecho de que CiU no firmó el pacto y da apoyo a la ley, y por el contrario ICV y la comunidad educativa firmó el Pacto Nacional y se opusieron a la ley, que finalmente se aprobó al haber cedido a la presión de la derecha nacionalista.
Una segunda discrepancia se dio en el tema de la ayuda a los automóviles. Todos sabemos que la ayuda estatal se circunscribía al cambio del coche antiguo por uno nuevo no contaminante. En Catalunya, sin llegar al extremo de Madrid, se amplió la ayuda a coches de gama alta y mayor contaminación. ICV se opuso a la posición de la Conselleria d’Economia, más laxa y menos ecológica, respecto a la norma estatal.
Y la tercera discrepancia, y la de mayor actualidad, es la propuesta de rebaja del Impuesto de sucesiones. La derecha, PP y CiU claman por su supresión, como ya han hecho las comunidades del PP con Madrid a la cabeza. Y ERC, que de izquierda a veces parece tener solo el nombre, se ha sumado a la fiesta pidiendo una reducción drástica, posición en la cual se encuentra muy cómodo el PSC. Por su parte ICV, se ha opuesto a esta reducción drástica y manifiesta estar por una reducción lógica, justa y progresiva del impuesto pero que se mantenga para la recaudación en los más adinerados. La propuesta de la formación ecosocialista básicamente propone una exención de pago 200.000 euros para cónyuges y de 250.000 por hijos y de 100.000 para otros descendientes. Todo ello al margen de la exención de la vivienda habitual. La posición de ICV reduce a la mitad la propuesta de ERC y PSC que establecen reducciones de hasta 500.000 euros por hijo, también al margen de la vivienda. La posición de los socios de coalición no es aceptable ni para ICV ni para los sindicatos de clase CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya ni otras asociaciones sociales que consideran que es una rebaja exagerada y que significa en euros reducir a la mitad la mejora conseguida en la financiación autonómica y que se hace reduciendo uno de los pocos impuestos progresivos que existen, y por tanto redistributivos. Todo ello en un momento en que se precisan todos los euros posibles para ayudar a efectuar políticas que ayuden a salir de la crisis.
ICV ha sido acusada por el PSC de intransigente pues según el conseller de Economía, la diferencia es pasar del 95 por ciento de exentos al 90 por ciento, pero es evidente que ese 5% representa entre un 20 y un 30% de la recaudación. Peor ha sido la posición de ERC que ha acusado a ICV de ir contra las demandas de la sociedad (¿que sociedad?) y de ser el portavoz del “lobby sindical”, denuncia que sin duda se debe a la poca influencia del partido independentista en el seno del sindicalismo y de los trabajadores.
La conclusión cuando estamos a menos de un año de las elecciones es clara. ICV representa la conciencia y la opción de izquierdas en Catalunya, quiere la reedición de un tripartito más escorado a la izquierda, frente a la ambivalencia de sus socios de gobierno que no descartan acuerdos con las fuerzas de la derecha, en especial con CiU.
Otro ejemplo se puede ver en la política de reducción de la velocidad en la entrada a las ciudades que ha conseguido el reconocimiento por parte de la Unión Europea al mejor de los 35 proyectos presentados a nivel europeo. El premio se ha concedido por lo que la medida supone de aporte a la reducción de la accidentabilidad y de impulso a la sostenibilidad ambiental. Cabe decir que este premio europeo ha sido obviado por los medios de comunicación, especialmente por “La Vanguardia” portavoz de los poderes empresariales catalanes, que llevo a cabo una virulenta campaña contra la medida i contra ICV.
En los que se refiere a las discrepancias de ICV en el seno del tripartito, éstas se deben en todos los casos a mantener coherentemente propuestas de izquierdas y ser consecuente con ellas. Tres ejemplos bastan para dejarlo claro. En primer lugar la oposición de ICV a la Ley de Educación de Catalunya. Esta ley contradice el Pacto Nacional por la Educación suscrito por el anterior gobierno tripartito de Maragall. Básicamente las diferencias de ICV y del conjunto de la comunidad educativa (sindicatos, movimientos de renovación pedagógica y Asociaciones de padres) con la ley aprobada con los votos del PSC, ERC y CiU, está en el hecho de que se mantienen las dos redes de educación la pública y la concertada con diferentes obligaciones, y esto contradice lo que se firmó en el Pacto Nacional. Para ver la contradicción basta ver el hecho de que CiU no firmó el pacto y da apoyo a la ley, y por el contrario ICV y la comunidad educativa firmó el Pacto Nacional y se opusieron a la ley, que finalmente se aprobó al haber cedido a la presión de la derecha nacionalista.
Una segunda discrepancia se dio en el tema de la ayuda a los automóviles. Todos sabemos que la ayuda estatal se circunscribía al cambio del coche antiguo por uno nuevo no contaminante. En Catalunya, sin llegar al extremo de Madrid, se amplió la ayuda a coches de gama alta y mayor contaminación. ICV se opuso a la posición de la Conselleria d’Economia, más laxa y menos ecológica, respecto a la norma estatal.
Y la tercera discrepancia, y la de mayor actualidad, es la propuesta de rebaja del Impuesto de sucesiones. La derecha, PP y CiU claman por su supresión, como ya han hecho las comunidades del PP con Madrid a la cabeza. Y ERC, que de izquierda a veces parece tener solo el nombre, se ha sumado a la fiesta pidiendo una reducción drástica, posición en la cual se encuentra muy cómodo el PSC. Por su parte ICV, se ha opuesto a esta reducción drástica y manifiesta estar por una reducción lógica, justa y progresiva del impuesto pero que se mantenga para la recaudación en los más adinerados. La propuesta de la formación ecosocialista básicamente propone una exención de pago 200.000 euros para cónyuges y de 250.000 por hijos y de 100.000 para otros descendientes. Todo ello al margen de la exención de la vivienda habitual. La posición de ICV reduce a la mitad la propuesta de ERC y PSC que establecen reducciones de hasta 500.000 euros por hijo, también al margen de la vivienda. La posición de los socios de coalición no es aceptable ni para ICV ni para los sindicatos de clase CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya ni otras asociaciones sociales que consideran que es una rebaja exagerada y que significa en euros reducir a la mitad la mejora conseguida en la financiación autonómica y que se hace reduciendo uno de los pocos impuestos progresivos que existen, y por tanto redistributivos. Todo ello en un momento en que se precisan todos los euros posibles para ayudar a efectuar políticas que ayuden a salir de la crisis.
ICV ha sido acusada por el PSC de intransigente pues según el conseller de Economía, la diferencia es pasar del 95 por ciento de exentos al 90 por ciento, pero es evidente que ese 5% representa entre un 20 y un 30% de la recaudación. Peor ha sido la posición de ERC que ha acusado a ICV de ir contra las demandas de la sociedad (¿que sociedad?) y de ser el portavoz del “lobby sindical”, denuncia que sin duda se debe a la poca influencia del partido independentista en el seno del sindicalismo y de los trabajadores.
La conclusión cuando estamos a menos de un año de las elecciones es clara. ICV representa la conciencia y la opción de izquierdas en Catalunya, quiere la reedición de un tripartito más escorado a la izquierda, frente a la ambivalencia de sus socios de gobierno que no descartan acuerdos con las fuerzas de la derecha, en especial con CiU.
22 de nov. 2009
Un Tribunal Constitucional falto de legitimidad
NUEVATRIBUNA.ES - 22.11.2009
El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante.
Hace pocos días, en una conferencia en Madrid, Joan Saura , Conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, y a la vez Presidente de Iniciativa per Catalunya, pidió claramente la dimisión del Tribunal Constitucional que debe emitir la sentencia sobre el Estatut de Catalunya.
Razones no le faltan para cuestionar al Tribunal Constitucional. La lentitud de la resolución por parte del alto tribunal que lleva más de tres años pendiente de emitir sentencia. El hecho de que los estatutos de autonomía hayan pasado por toda una serie de trámites, les dan una significación legal especial. Así el Estatut de Catalunya ha pasado por la aprobación del Parlament de Catalunya. Posteriormente por la aprobación de las Cortes Generales del Estado. Y finalmente por la ratificación en referéndum del conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Es en este sentido que creemos que deberían tener una consideración especial, al ser analizados por el Tribunal Constitucional.
Y lo que es más evidente. La composición del actual Tribunal Constitucional hace que se den una serie de aspectos a tener en cuenta y que permiten poner en cuestión su veredicto. Ya no sólo se trata de que es un tribunal disminuido en lo referente a sus componentes, uno fallecido y otro que no puede intervenir en las deliberaciones al haber sido recusado. Y lo más importante es que una parte sustancial de sus miembros está con su mandato largamente caducado y no han sido renovados en tiempo y forma. Es evidente que esta situación permite cuestionar claramente sus posibles resoluciones.
No es cuestionable social y políticamente una resolución dictada por un TC, donde determinarán su fallo una parte de sus miembros que ya no deberían ocupar su sillón. Es evidente que la falta de renovación es responsabilidad del poder político en especial de los principales partidos políticos PP y PSOE que han hecho del tema un tema más de confrontación política.
Sin embargo parece que muchos no quieren darse cuenta de la gravedad del problema. El Estatut es la apuesta de encaje de Catalunya dentro del Estado. Y ese no es un tema menor. La apuesta por el Estatut es la apuesta del sector de la sociedad catalana más partidaria de tener unas relaciones normalizadas con el Estado.
En este sentido no es casual que haya sido Joan Saura, un político poco dado a salidas de tono, que dirige una formación política no independentista sino claramente federalista, solidaria y catalanista, quien haya lanzado la advertencia. La solución de la cuestión catalana debe pasar claramente por una solución política. Y eso pretendía ser el Estatut. Es evidente que una sentencia que recorte el Estatut, más allá de lo establecido por las Cortes Españolas, creará un mayor grado de confrontación territorial, y de desafección social de la ciudadanía catalana respecto a España. Cerrar el paso a la vía estatutaria significa dar alas y promocionar a aquellas formaciones que se definen claramente como independentistas y que querrían dar por muerta la vía estatutaria.
Es por ello que, al margen de que se tuviera que replantear el papel del Constitucional en el ámbito de los estatutos de autonomía, se debe hacer una lectura de la repercusión que puede tener una sentencia negativa emitida por un Tribunal Constitucional capitidisminuido y con una gran parte de sus miembros con mandato caducado.
Únicamente personas con una visión corta de la política pueden en este momento apostar por un recorte estatutario que lejos de solventar problemas no haría nada más que agudizarlos. El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. Hay temas de estado con los que no se puede jugar. Y el Partido Popular debería reflexionar sobre la razón de su papel marginal en Catalunya.
Estamos ante un tema que nos debería tener preocupados a todos. Hay temas muy sensibles para la ciudadanía. No es por nada que el preámbulo del Estatut habla de la nación catalana, no es jurídicamente pero si políticamente relevante, ya que es como se considera la ciudadanía de forma claramente mayoritaria. No se puede hacer demagogia con la lengua, especialmente en una sociedad como la catalana donde hasta el presente no ha habido ningún problema con ello, sólo en alguna mente calenturienta. Y tampoco se debe jugar con temas simbólicos que afectan al sentir ciudadano. No se puede jugar con fuego con los sentimientos. Y hasta el momento la sociedad mayoritariamente ha optado por la vía estatutaria. Más valdría no provocar descarrilamientos en una sociedad que, con todos sus problemas, funciona y está cohesionada a pesar de su multidiversidad. Todo el mundo debería tener en cuenta que una vez se inicia la desafección y el rechazo a una fórmula política, como es en este caso la vía estatutaria, el futuro se hace muy, pero que muy complicado. Y para todos.
Razones no le faltan para cuestionar al Tribunal Constitucional. La lentitud de la resolución por parte del alto tribunal que lleva más de tres años pendiente de emitir sentencia. El hecho de que los estatutos de autonomía hayan pasado por toda una serie de trámites, les dan una significación legal especial. Así el Estatut de Catalunya ha pasado por la aprobación del Parlament de Catalunya. Posteriormente por la aprobación de las Cortes Generales del Estado. Y finalmente por la ratificación en referéndum del conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Es en este sentido que creemos que deberían tener una consideración especial, al ser analizados por el Tribunal Constitucional.
Y lo que es más evidente. La composición del actual Tribunal Constitucional hace que se den una serie de aspectos a tener en cuenta y que permiten poner en cuestión su veredicto. Ya no sólo se trata de que es un tribunal disminuido en lo referente a sus componentes, uno fallecido y otro que no puede intervenir en las deliberaciones al haber sido recusado. Y lo más importante es que una parte sustancial de sus miembros está con su mandato largamente caducado y no han sido renovados en tiempo y forma. Es evidente que esta situación permite cuestionar claramente sus posibles resoluciones.
No es cuestionable social y políticamente una resolución dictada por un TC, donde determinarán su fallo una parte de sus miembros que ya no deberían ocupar su sillón. Es evidente que la falta de renovación es responsabilidad del poder político en especial de los principales partidos políticos PP y PSOE que han hecho del tema un tema más de confrontación política.
Sin embargo parece que muchos no quieren darse cuenta de la gravedad del problema. El Estatut es la apuesta de encaje de Catalunya dentro del Estado. Y ese no es un tema menor. La apuesta por el Estatut es la apuesta del sector de la sociedad catalana más partidaria de tener unas relaciones normalizadas con el Estado.
En este sentido no es casual que haya sido Joan Saura, un político poco dado a salidas de tono, que dirige una formación política no independentista sino claramente federalista, solidaria y catalanista, quien haya lanzado la advertencia. La solución de la cuestión catalana debe pasar claramente por una solución política. Y eso pretendía ser el Estatut. Es evidente que una sentencia que recorte el Estatut, más allá de lo establecido por las Cortes Españolas, creará un mayor grado de confrontación territorial, y de desafección social de la ciudadanía catalana respecto a España. Cerrar el paso a la vía estatutaria significa dar alas y promocionar a aquellas formaciones que se definen claramente como independentistas y que querrían dar por muerta la vía estatutaria.
Es por ello que, al margen de que se tuviera que replantear el papel del Constitucional en el ámbito de los estatutos de autonomía, se debe hacer una lectura de la repercusión que puede tener una sentencia negativa emitida por un Tribunal Constitucional capitidisminuido y con una gran parte de sus miembros con mandato caducado.
Únicamente personas con una visión corta de la política pueden en este momento apostar por un recorte estatutario que lejos de solventar problemas no haría nada más que agudizarlos. El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. Hay temas de estado con los que no se puede jugar. Y el Partido Popular debería reflexionar sobre la razón de su papel marginal en Catalunya.
Estamos ante un tema que nos debería tener preocupados a todos. Hay temas muy sensibles para la ciudadanía. No es por nada que el preámbulo del Estatut habla de la nación catalana, no es jurídicamente pero si políticamente relevante, ya que es como se considera la ciudadanía de forma claramente mayoritaria. No se puede hacer demagogia con la lengua, especialmente en una sociedad como la catalana donde hasta el presente no ha habido ningún problema con ello, sólo en alguna mente calenturienta. Y tampoco se debe jugar con temas simbólicos que afectan al sentir ciudadano. No se puede jugar con fuego con los sentimientos. Y hasta el momento la sociedad mayoritariamente ha optado por la vía estatutaria. Más valdría no provocar descarrilamientos en una sociedad que, con todos sus problemas, funciona y está cohesionada a pesar de su multidiversidad. Todo el mundo debería tener en cuenta que una vez se inicia la desafección y el rechazo a una fórmula política, como es en este caso la vía estatutaria, el futuro se hace muy, pero que muy complicado. Y para todos.
10 de nov. 2009
Las Cajas, en peligro de privatización
NUEVATRIBUNA.ES - 10.11.2009
Las Cajas (...) han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos.
La crisis financiera en nuestro país está afectando, debido a su mayor exposición al riesgo hipotecario, al sector de las Cajas de Ahorros y ello puede derivar en el peligro de que se quiera poner en cuestión su propia existencia.
Las cajas de ahorro han ido desapareciendo de forma paulatina en muchos países de nuestro entorno donde habían tenido una importante presencia. Basta contemplar los casos de Bélgica o Italia. Y es evidente que su desaparición no ha comportado una mayor competencia en esos países sino al contrario. Podemos destacar que en algún caso, como el de la que fue en su momento la principal Caja mundial, la Caisse General d’Epargne et Retraite de Bélgica – CGER, su banco privatizador FORTIS ha sido una de las victimas de la crisis financiera mundial hasta desaparecer como tal banco. En otros casos como es el de Gran Bretaña, la desaparición de las cajas ha comportado la exclusión financiera de importantes sectores de la población, que ahora no disponen de cuentas bancarias con lo que ello conlleva en la vida cotidiana.
En nuestro país siempre ha habido un gran interés por parte de los poderes económicos, financieros y no financieros, incluidos grupos mediáticos, de intentar cuestionar la propia existencia de las cajas. Para ello en ocasiones se han utilizado todo tipo de argumentos como aquel que decía: “las cajas pueden comprar bancos pero no al revés”. Nunca se ha explicado que las Cajas ayudaron a atenuar el proceso de reestructuración del sector de la banca privada en este país, quedándose los bancos con problemas que el resto de la banca privada no quería, es decir las piezas menos deseadas. Por tanto, argumentos de ese tipo, basados en una supuesta discriminación que sufrían los bancos respecto a las cajas, no eran más que puras falacias.
Las Cajas en nuestros país han sido en muchos casos un factor fundamental para el desarrollo territorial, han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos que han tratado una y otra vez de cuestionar su naturaleza jurídica con el objetivo de lograr su privatización.
El instrumento para tratar de conseguirlo son las denominadas las cuotas participativas, es decir una especia de acciones sin derechos políticos. El primer intento fue regulado por el Ministro Solchaga del PSOE.. Todo el mundo, mínimamente informado, sabía que las cuotas participativas eran el caballo de Troya para conseguir una futura privatización de estas entidades. ¿ Como podía pervivir un sistema en el que a unas personas, propietarias de esas cuotas, vinculadas a los resultados de las cajas de ahorros, se les negara el derecho a defender sus intereses en los órganos de gobierno de dichas entidades?. Se trataba y se trata de un intento malévolo de introducir un sistema que a medio plazo no tendría sentido sin dotar a las cuotas de derechos políticos y convertirlas, de forma más o menos directas, en acciones propias de una sociedad anónima.
En la actualidad la crisis financiera, la necesidad de reestructurar el sector, da nuevas alas a los interesados en un cambio de la naturaleza jurídica, liderados ni más ni menos que por el Banco de España. Y se aprovecha tanto de la crisis como del clima impresentable que provoca la actuación política en diversas Cajas. Desde la mala gestión, en gran derivada de la ingerencia política como ha sido el caso de la CCM (Caja de castilla La Mancha), hasta el esperpento derivado de la lucha por el poder en Caja Madrid.
Podemos afirmar sin dudas que la actuación política de algunos Gobiernos autonómicos, que deberían ser en principio los mayores defensores de las Cajas de Ahorros, con su afán intervencionista en convertir a estas entidades en puros bancos regionales, han sido la peor ayuda para estas entidades. Y esto se ha dado en comunidades controladas por todo tipo de color político. Y en muchos casos los teóricamente más liberales han sido los más intervencionistas, no volveré a citar el caso de Caja Madrid, pero también puede verse en el País Valenciano con la ruinosa inversión que se obligó a hacer a las cajas valencianas en Terra Mítica. Es cierto que también se han actuaciones más respetuosas con el papel de las cajas en otras comunidades con gran arraigo de las cajas, cómo es el caso de Catalunya.
Hasta el momento el interés por introducir las cuotas participativas en el sector ha sido un fracaso absoluto. Han pasado muchos años y sólo la Caja del Mediterráneo efectuó, no hace mucho, este tipo de emisiones. La causa era muy clara, en todo el sector se sabía que quién emitiera cuotas es porque tenía problemas, y así nadie se atrevió a emitirlas.
Sin embargo ahora el Banco de España, en especial su máximo responsable, está tratando de aprovechar el momento para conseguir su objetivo de una vez de introducir como sea las cuotas participativas en el sector. Hace bien poco ha intentado una jugada que hubiera resuelto de una vez el tema. Se trataba de lograr forzar a “la Caixa” a pujar por la CCM, han sido públicas las invitaciones del regulador y menos públicas las presiones que ha ejercido. El objetivo era simple, no sólo solucionaba el tema de la CCM, sino que, hacia que la primera Caja de Ahorros del país se viera forzada a la emisión de cuotas participativas para hacer frente a la operación. Y si la primera caja lo hacía se eliminaba un obstáculo psicológico para que otras siguieran por el mismo camino. Por suerte, y de momento no ha conseguido su objetivo. Pero sin duda la historia continuará.
Y mientras otros se relamen ya contemplando la oportunidad de poder hincar el diente a la mitad del sistema financiero español que representan las Cajas. Los banqueros, los grupos económicos, etc, están a la espera, de la para ellos tan esperada oportunidad, de que la reestructuración sea en realidad una reconversión y privatización que les puede reportar pingües beneficios.
La crisis financiera en nuestro país está afectando, debido a su mayor exposición al riesgo hipotecario, al sector de las Cajas de Ahorros y ello puede derivar en el peligro de que se quiera poner en cuestión su propia existencia.
Las cajas de ahorro han ido desapareciendo de forma paulatina en muchos países de nuestro entorno donde habían tenido una importante presencia. Basta contemplar los casos de Bélgica o Italia. Y es evidente que su desaparición no ha comportado una mayor competencia en esos países sino al contrario. Podemos destacar que en algún caso, como el de la que fue en su momento la principal Caja mundial, la Caisse General d’Epargne et Retraite de Bélgica – CGER, su banco privatizador FORTIS ha sido una de las victimas de la crisis financiera mundial hasta desaparecer como tal banco. En otros casos como es el de Gran Bretaña, la desaparición de las cajas ha comportado la exclusión financiera de importantes sectores de la población, que ahora no disponen de cuentas bancarias con lo que ello conlleva en la vida cotidiana.
En nuestro país siempre ha habido un gran interés por parte de los poderes económicos, financieros y no financieros, incluidos grupos mediáticos, de intentar cuestionar la propia existencia de las cajas. Para ello en ocasiones se han utilizado todo tipo de argumentos como aquel que decía: “las cajas pueden comprar bancos pero no al revés”. Nunca se ha explicado que las Cajas ayudaron a atenuar el proceso de reestructuración del sector de la banca privada en este país, quedándose los bancos con problemas que el resto de la banca privada no quería, es decir las piezas menos deseadas. Por tanto, argumentos de ese tipo, basados en una supuesta discriminación que sufrían los bancos respecto a las cajas, no eran más que puras falacias.
Las Cajas en nuestros país han sido en muchos casos un factor fundamental para el desarrollo territorial, han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos que han tratado una y otra vez de cuestionar su naturaleza jurídica con el objetivo de lograr su privatización.
El instrumento para tratar de conseguirlo son las denominadas las cuotas participativas, es decir una especia de acciones sin derechos políticos. El primer intento fue regulado por el Ministro Solchaga del PSOE.. Todo el mundo, mínimamente informado, sabía que las cuotas participativas eran el caballo de Troya para conseguir una futura privatización de estas entidades. ¿ Como podía pervivir un sistema en el que a unas personas, propietarias de esas cuotas, vinculadas a los resultados de las cajas de ahorros, se les negara el derecho a defender sus intereses en los órganos de gobierno de dichas entidades?. Se trataba y se trata de un intento malévolo de introducir un sistema que a medio plazo no tendría sentido sin dotar a las cuotas de derechos políticos y convertirlas, de forma más o menos directas, en acciones propias de una sociedad anónima.
En la actualidad la crisis financiera, la necesidad de reestructurar el sector, da nuevas alas a los interesados en un cambio de la naturaleza jurídica, liderados ni más ni menos que por el Banco de España. Y se aprovecha tanto de la crisis como del clima impresentable que provoca la actuación política en diversas Cajas. Desde la mala gestión, en gran derivada de la ingerencia política como ha sido el caso de la CCM (Caja de castilla La Mancha), hasta el esperpento derivado de la lucha por el poder en Caja Madrid.
Podemos afirmar sin dudas que la actuación política de algunos Gobiernos autonómicos, que deberían ser en principio los mayores defensores de las Cajas de Ahorros, con su afán intervencionista en convertir a estas entidades en puros bancos regionales, han sido la peor ayuda para estas entidades. Y esto se ha dado en comunidades controladas por todo tipo de color político. Y en muchos casos los teóricamente más liberales han sido los más intervencionistas, no volveré a citar el caso de Caja Madrid, pero también puede verse en el País Valenciano con la ruinosa inversión que se obligó a hacer a las cajas valencianas en Terra Mítica. Es cierto que también se han actuaciones más respetuosas con el papel de las cajas en otras comunidades con gran arraigo de las cajas, cómo es el caso de Catalunya.
Hasta el momento el interés por introducir las cuotas participativas en el sector ha sido un fracaso absoluto. Han pasado muchos años y sólo la Caja del Mediterráneo efectuó, no hace mucho, este tipo de emisiones. La causa era muy clara, en todo el sector se sabía que quién emitiera cuotas es porque tenía problemas, y así nadie se atrevió a emitirlas.
Sin embargo ahora el Banco de España, en especial su máximo responsable, está tratando de aprovechar el momento para conseguir su objetivo de una vez de introducir como sea las cuotas participativas en el sector. Hace bien poco ha intentado una jugada que hubiera resuelto de una vez el tema. Se trataba de lograr forzar a “la Caixa” a pujar por la CCM, han sido públicas las invitaciones del regulador y menos públicas las presiones que ha ejercido. El objetivo era simple, no sólo solucionaba el tema de la CCM, sino que, hacia que la primera Caja de Ahorros del país se viera forzada a la emisión de cuotas participativas para hacer frente a la operación. Y si la primera caja lo hacía se eliminaba un obstáculo psicológico para que otras siguieran por el mismo camino. Por suerte, y de momento no ha conseguido su objetivo. Pero sin duda la historia continuará.
Y mientras otros se relamen ya contemplando la oportunidad de poder hincar el diente a la mitad del sistema financiero español que representan las Cajas. Los banqueros, los grupos económicos, etc, están a la espera, de la para ellos tan esperada oportunidad, de que la reestructuración sea en realidad una reconversión y privatización que les puede reportar pingües beneficios.
1 de nov. 2009
Una piedra en el “Oasis” catalán
NUEVATRIBUNA.ES - 1.11.2009
Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano.
La “operación Pretoria” dirigida por el juez Garzón, que ha comportado la detención entre otros del alcalde socialista de la población barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, así como dos de las principales personalidades del reinado pujolista como son Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ha supuesto el efecto de una piedra lanzada sobre un tranquilo estanque.
En efecto la operación del juez Garzón, cuando la sociedad catalana aún no se había repuesto del efecto del caso “Millet”, ha significado poner en evidencia algo que muchos suponían pero que la mayoría de la sociedad ignoraba o no se daba por enterada, que en Catalunya también existe la corrupción derivada del trafico de influencias y de un panorama político durante mucho tiempo inamovible.
Entre las personas concienciadas políticamente muchos sospechaban que bajo la apariencia de sociedad culta y políticamente correcta de Catalunya, que en muchas ocasiones se contraponía a la mucho más crispada de otras latitudes del estado, existía en realidad un cierto contubernio entre los dos principales partidos que han venido hegemonizando la vida política de Catalunya, es decir entre CiU y PSC. Mientras Convergencia dominó el control de la Generalitat durante décadas, los socialistas han dominado la vida municipal. Y a pesar de fricciones pasajeras la sangre no llegó jamás al río.
Durante mucho tiempo fue más que un rumor la teoría que un día Pascual Maragall se atrevió a decir, en el Pleno del Parlament de Catalunya, dirigiéndose a CiU: “ su problema es el 3%”. Aunque posteriormente rectificara es evidente que dijo lo que muchos comentaban en privado.
Ya mucho antes, Catalunya había tenido el famoso caso Banca Catalana, que Pujol utilizó magistralmente para hacer victimismo y hacer aparecer como un juicio a Catalunya lo que en realidad era un juicio a su comportamiento personal, y que comportó no sólo un agrio debate político sino poner en cuestión a dos personas de honestidad y rectitud contrastada como son los fiscales Mena y Villarejo, a los que las conveniencias políticas del Gobierno de Felipe González dejaron sin apoyo.
Tampoco podemos olvidar que en el caso Filesa uno de los principales condenados fue Josep Mª Sala, el que en aquellos tiempos era el todopoderoso responsable de Organización del PSC. Una persona que continúa teniendo, aún hoy, su peso en el partido y al que sin duda el partido le concede la recompensa que merece, pues asumió sin rechistar toda la responsabilidad sin involucrar a nadie, en un total ejemplo de militancia leninista.
La sociovergencia es un concepto que significa el modelo ideal de dirección política que desean los poderes económicos hegemónicos en Catalunya, representados entre otros por la Cámara de Comercio de Barcelona o el Círculo de Economía, y que tan adecuadamente defiende su máximo portavoz mediático el diario “la Vanguardia”. Es evidente que a estos poderes les encantaría un gobierno sociovergente ya que garantizaría mantener un oasis de calma total, sin aventuras, donde todos estuvieran tranquilos y se pudieran continuar haciendo negocios. Más que un “oasis” cabria definir un estanque de aguas no renovables y cenagosas que impidiera las más mínima transparencia.
Son estos poderosos que sueñan con una Catalunya plácida que tan bien representó Pujol y el sector de los negocios de CiU, y que hoy representa más Duran Lleida que Artur Mas, este último con demasiadas salidas de tono para su gusto. Es también la Catalunya en la que encajan plenamente los barones municipales del PSC, el conseller Nadal, o el propio Montilla, y en la que no tenían cabida personajes tan peculiares como Pasqual Maragall. Unos poderes que desconfían de ERC, más por su comportamiento infantil y falta de coherencia que por su supuesto independentismo. Unos poderes que desearían tener un PP presentable en Catalunya como el que pudo representar Piqué. Y unos poderes que tienen claro que ICV es su adversario y que atacan a Saura y a sus consellers, más que por poder real, porque son la única formación que puede representar por sus planteamientos alternativos un enemigo de verdad para sus intereses.
Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano. La gente hoy se pregunta: ¿Cómo puede ser que esto pase aquí, si creíamos que eso era patrimonio de las Baleares, de Valencia o de Madrid? En cierta medida esta situación será positiva porque puede servir para romper un falso espejo y que la sociedad catalana se enfrente a su verdadera realidad que durante mucho tiempo se le ha escondido y negado.
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