Un Tribunal Constitucional falto de legitimidad

NUEVATRIBUNA.ES - 22.11.2009  

El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. 

Hace pocos días, en una conferencia en Madrid, Joan Saura , Conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, y a la vez Presidente de Iniciativa per Catalunya, pidió claramente la dimisión del Tribunal Constitucional que debe emitir la sentencia sobre el Estatut de Catalunya.

Razones no le faltan para cuestionar al Tribunal Constitucional. La lentitud de la resolución por parte del alto tribunal que lleva más de tres años pendiente de emitir sentencia. El hecho de que los estatutos de autonomía hayan pasado por toda una serie de trámites, les dan una significación legal especial. Así el Estatut de Catalunya ha pasado por la aprobación del Parlament de Catalunya. Posteriormente por la aprobación de las Cortes Generales del Estado. Y finalmente por la ratificación en referéndum del conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Es en este sentido que creemos que deberían tener una consideración especial, al ser analizados por el Tribunal Constitucional.

Y lo que es más evidente. La composición del actual Tribunal Constitucional hace que se den una serie de aspectos a tener en cuenta y que permiten poner en cuestión su veredicto. Ya no sólo se trata de que es un tribunal disminuido en lo referente a sus componentes, uno fallecido y otro que no puede intervenir en las deliberaciones al haber sido recusado. Y lo más importante es que una parte sustancial de sus miembros está con su mandato largamente caducado y no han sido renovados en tiempo y forma. Es evidente que esta situación permite cuestionar claramente sus posibles resoluciones.

No es cuestionable social y políticamente una resolución dictada por un TC, donde determinarán su fallo una parte de sus miembros que ya no deberían ocupar su sillón. Es evidente que la falta de renovación es responsabilidad del poder político en especial de los principales partidos políticos PP y PSOE que han hecho del tema un tema más de confrontación política.

Sin embargo parece que muchos no quieren darse cuenta de la gravedad del problema. El Estatut es la apuesta de encaje de Catalunya dentro del Estado. Y ese no es un tema menor. La apuesta por el Estatut es la apuesta del sector de la sociedad catalana más partidaria de tener unas relaciones normalizadas con el Estado.

En este sentido no es casual que haya sido Joan Saura, un político poco dado a salidas de tono, que dirige una formación política no independentista sino claramente federalista, solidaria y catalanista, quien haya lanzado la advertencia. La solución de la cuestión catalana debe pasar claramente por una solución política. Y eso pretendía ser el Estatut. Es evidente que una sentencia que recorte el Estatut, más allá de lo establecido por las Cortes Españolas, creará un mayor grado de confrontación territorial, y de desafección social de la ciudadanía catalana respecto a España. Cerrar el paso a la vía estatutaria significa dar alas y promocionar a aquellas formaciones que se definen claramente como independentistas y que querrían dar por muerta la vía estatutaria.

Es por ello que, al margen de que se tuviera que replantear el papel del Constitucional en el ámbito de los estatutos de autonomía, se debe hacer una lectura de la repercusión que puede tener una sentencia negativa emitida por un Tribunal Constitucional capitidisminuido y con una gran parte de sus miembros con mandato caducado.

Únicamente personas con una visión corta de la política pueden en este momento apostar por un recorte estatutario que lejos de solventar problemas no haría nada más que agudizarlos. El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. Hay temas de estado con los que no se puede jugar. Y el Partido Popular debería reflexionar sobre la razón de su papel marginal en Catalunya.

Estamos ante un tema que nos debería tener preocupados a todos. Hay temas muy sensibles para la ciudadanía. No es por nada que el preámbulo del Estatut habla de la nación catalana, no es jurídicamente pero si políticamente relevante, ya que es como se considera la ciudadanía de forma claramente mayoritaria. No se puede hacer demagogia con la lengua, especialmente en una sociedad como la catalana donde hasta el presente no ha habido ningún problema con ello, sólo en alguna mente calenturienta. Y tampoco se debe jugar con temas simbólicos que afectan al sentir ciudadano. No se puede jugar con fuego con los sentimientos. Y hasta el momento la sociedad mayoritariamente ha optado por la vía estatutaria. Más valdría no provocar descarrilamientos en una sociedad que, con todos sus problemas, funciona y está cohesionada a pesar de su multidiversidad. Todo el mundo debería tener en cuenta que una vez se inicia la desafección y el rechazo a una fórmula política, como es en este caso la vía estatutaria, el futuro se hace muy, pero que muy complicado. Y para todos.

Las Cajas, en peligro de privatización

NUEVATRIBUNA.ES - 10.11.2009   

 

Las Cajas (...) han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos.

La crisis financiera en nuestro país está afectando, debido a su mayor exposición al riesgo hipotecario, al sector de las Cajas de Ahorros y ello puede derivar en el peligro de que se quiera poner en cuestión su propia existencia.

Las cajas de ahorro han ido desapareciendo de forma paulatina en muchos países de nuestro entorno donde habían tenido una importante presencia. Basta contemplar los casos de Bélgica o Italia. Y es evidente que su desaparición no ha comportado una mayor competencia en esos países sino al contrario. Podemos destacar que en algún caso, como el de la que fue en su momento la principal Caja mundial, la Caisse General d’Epargne et Retraite de Bélgica – CGER, su banco privatizador FORTIS ha sido una de las victimas de la crisis financiera mundial hasta desaparecer como tal banco. En otros casos como es el de Gran Bretaña, la desaparición de las cajas ha comportado la exclusión financiera de importantes sectores de la población, que ahora no disponen de cuentas bancarias con lo que ello conlleva en la vida cotidiana.

En nuestro país siempre ha habido un gran interés por parte de los poderes económicos, financieros y no financieros, incluidos grupos mediáticos, de intentar cuestionar la propia existencia de las cajas. Para ello en ocasiones se han utilizado todo tipo de argumentos como aquel que decía: “las cajas pueden comprar bancos pero no al revés”. Nunca se ha explicado que las Cajas ayudaron a atenuar el proceso de reestructuración del sector de la banca privada en este país, quedándose los bancos con problemas que el resto de la banca privada no quería, es decir las piezas menos deseadas. Por tanto, argumentos de ese tipo, basados en una supuesta discriminación que sufrían los bancos respecto a las cajas, no eran más que puras falacias.

Las Cajas en nuestros país han sido en muchos casos un factor fundamental para el desarrollo territorial, han cumplido con mayor o menor acierto su función social, y han evitado la exclusión financiera de las capas populares, es decir de aquellos sectores poco atractivos para la banca privada. Pese a ello han tenido muchos e interesados enemigos que han tratado una y otra vez de cuestionar su naturaleza jurídica con el objetivo de lograr su privatización.

El instrumento para tratar de conseguirlo son las denominadas las cuotas participativas, es decir una especia de acciones sin derechos políticos. El primer intento fue regulado por el Ministro Solchaga del PSOE.. Todo el mundo, mínimamente informado, sabía que las cuotas participativas eran el caballo de Troya para conseguir una futura privatización de estas entidades. ¿ Como podía pervivir un sistema en el que a unas personas, propietarias de esas cuotas, vinculadas a los resultados de las cajas de ahorros, se les negara el derecho a defender sus intereses en los órganos de gobierno de dichas entidades?. Se trataba y se trata de un intento malévolo de introducir un sistema que a medio plazo no tendría sentido sin dotar a las cuotas de derechos políticos y convertirlas, de forma más o menos directas, en acciones propias de una sociedad anónima.

En la actualidad la crisis financiera, la necesidad de reestructurar el sector, da nuevas alas a los interesados en un cambio de la naturaleza jurídica, liderados ni más ni menos que por el Banco de España. Y se aprovecha tanto de la crisis como del clima impresentable que provoca la actuación política en diversas Cajas. Desde la mala gestión, en gran derivada de la ingerencia política como ha sido el caso de la CCM (Caja de castilla La Mancha), hasta el esperpento derivado de la lucha por el poder en Caja Madrid.

Podemos afirmar sin dudas que la actuación política de algunos Gobiernos autonómicos, que deberían ser en principio los mayores defensores de las Cajas de Ahorros, con su afán intervencionista en convertir a estas entidades en puros bancos regionales, han sido la peor ayuda para estas entidades. Y esto se ha dado en comunidades controladas por todo tipo de color político. Y en muchos casos los teóricamente más liberales han sido los más intervencionistas, no volveré a citar el caso de Caja Madrid, pero también puede verse en el País Valenciano con la ruinosa inversión que se obligó a hacer a las cajas valencianas en Terra Mítica. Es cierto que también se han actuaciones más respetuosas con el papel de las cajas en otras comunidades con gran arraigo de las cajas, cómo es el caso de Catalunya.

Hasta el momento el interés por introducir las cuotas participativas en el sector ha sido un fracaso absoluto. Han pasado muchos años y sólo la Caja del Mediterráneo efectuó, no hace mucho, este tipo de emisiones. La causa era muy clara, en todo el sector se sabía que quién emitiera cuotas es porque tenía problemas, y así nadie se atrevió a emitirlas.

Sin embargo ahora el Banco de España, en especial su máximo responsable, está tratando de aprovechar el momento para conseguir su objetivo de una vez de introducir como sea las cuotas participativas en el sector. Hace bien poco ha intentado una jugada que hubiera resuelto de una vez el tema. Se trataba de lograr forzar a “la Caixa” a pujar por la CCM, han sido públicas las invitaciones del regulador y menos públicas las presiones que ha ejercido. El objetivo era simple, no sólo solucionaba el tema de la CCM, sino que, hacia que la primera Caja de Ahorros del país se viera forzada a la emisión de cuotas participativas para hacer frente a la operación. Y si la primera caja lo hacía se eliminaba un obstáculo psicológico para que otras siguieran por el mismo camino. Por suerte, y de momento no ha conseguido su objetivo. Pero sin duda la historia continuará.

Y mientras otros se relamen ya contemplando la oportunidad de poder hincar el diente a la mitad del sistema financiero español que representan las Cajas. Los banqueros, los grupos económicos, etc, están a la espera, de la para ellos tan esperada oportunidad, de que la reestructuración sea en realidad una reconversión y privatización que les puede reportar pingües beneficios.

Una piedra en el “Oasis” catalán

NUEVATRIBUNA.ES - 1.11.2009

Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano.

La “operación Pretoria” dirigida por el juez Garzón, que ha comportado la detención entre otros del alcalde socialista de la población barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, así como dos de las principales personalidades del reinado pujolista como son Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ha supuesto el efecto de una piedra lanzada sobre un tranquilo estanque.

En efecto la operación del juez Garzón, cuando la sociedad catalana aún no se había repuesto del efecto del caso “Millet”, ha significado poner en evidencia algo que muchos suponían pero que la mayoría de la sociedad ignoraba o no se daba por enterada, que en Catalunya también existe la corrupción derivada del trafico de influencias y de un panorama político durante mucho tiempo inamovible.

Entre las personas concienciadas políticamente muchos sospechaban que bajo la apariencia de sociedad culta y políticamente correcta de Catalunya, que en muchas ocasiones se contraponía a la mucho más crispada de otras latitudes del estado, existía en realidad un cierto contubernio entre los dos principales partidos que han venido hegemonizando la vida política de Catalunya, es decir entre CiU y PSC. Mientras Convergencia dominó el control de la Generalitat durante décadas, los socialistas han dominado la vida municipal. Y a pesar de fricciones pasajeras la sangre no llegó jamás al río.

Durante mucho tiempo fue más que un rumor la teoría que un día Pascual Maragall se atrevió a decir, en el Pleno del Parlament de Catalunya, dirigiéndose a CiU: “ su problema es el 3%”. Aunque posteriormente rectificara es evidente que dijo lo que muchos comentaban en privado.

Ya mucho antes, Catalunya había tenido el famoso caso Banca Catalana, que Pujol utilizó magistralmente para hacer victimismo y hacer aparecer como un juicio a Catalunya lo que en realidad era un juicio a su comportamiento personal, y que comportó no sólo un agrio debate político sino poner en cuestión a dos personas de honestidad y rectitud contrastada como son los fiscales Mena y Villarejo, a los que las conveniencias políticas del Gobierno de Felipe González dejaron sin apoyo.

Tampoco podemos olvidar que en el caso Filesa uno de los principales condenados fue Josep Mª Sala, el que en aquellos tiempos era el todopoderoso responsable de Organización del PSC. Una persona que continúa teniendo, aún hoy, su peso en el partido y al que sin duda el partido le concede la recompensa que merece, pues asumió sin rechistar toda la responsabilidad sin involucrar a nadie, en un total ejemplo de militancia leninista.

La sociovergencia es un concepto que significa el modelo ideal de dirección política que desean los poderes económicos hegemónicos en Catalunya, representados entre otros por la Cámara de Comercio de Barcelona o el Círculo de Economía, y que tan adecuadamente defiende su máximo portavoz mediático el diario “la Vanguardia”. Es evidente que a estos poderes les encantaría un gobierno sociovergente ya que garantizaría mantener un oasis de calma total, sin aventuras, donde todos estuvieran tranquilos y se pudieran continuar haciendo negocios. Más que un “oasis” cabria definir un estanque de aguas no renovables y cenagosas que impidiera las más mínima transparencia.

Son estos poderosos que sueñan con una Catalunya plácida que tan bien representó Pujol y el sector de los negocios de CiU, y que hoy representa más Duran Lleida que Artur Mas, este último con demasiadas salidas de tono para su gusto. Es también la Catalunya en la que encajan plenamente los barones municipales del PSC, el conseller Nadal, o el propio Montilla, y en la que no tenían cabida personajes tan peculiares como Pasqual Maragall. Unos poderes que desconfían de ERC, más por su comportamiento infantil y falta de coherencia que por su supuesto independentismo. Unos poderes que desearían tener un PP presentable en Catalunya como el que pudo representar Piqué. Y unos poderes que tienen claro que ICV es su adversario y que atacan a Saura y a sus consellers, más que por poder real, porque son la única formación que puede representar por sus planteamientos alternativos un enemigo de verdad para sus intereses.

Estos días la sociedad catalana, su ciudadanía, está convulsa y con una cierta estupefacción. Resulta que Catalunya no es tan diferente de otras partes. Resulta que en esta sociedad que parecía estar en otro nivel se dan casos vergonzosos que afectan tanto a instituciones de prestigio como el Palau como a Ayuntamientos socialistas, o a antiguos prebostes del poder pujoliano. La gente hoy se pregunta: ¿Cómo puede ser que esto pase aquí, si creíamos que eso era patrimonio de las Baleares, de Valencia o de Madrid? En cierta medida esta situación será positiva porque puede servir para romper un falso espejo y que la sociedad catalana se enfrente a su verdadera realidad que durante mucho tiempo se le ha escondido y negado.